Era un hombre barrigón, de bigote negro, con el pelo tinturado para no revelar sus canas, una toalla al hombro, y un sombrero. Nació en Caldas, pero junto a sus subordinados armados, regia como señor y dueño por la Sierra Nevada.
Iba a corregimientos como Guachaca, a veredas como Calabazo, Buritaca, y Los Achiotes, y allí seleccionaba a sus víctimas, jovencitas de 12 o 14 años, y las pedía como quien va a mercar un fin de semana, aún no se sabe si los padres de ellas colaboraron o si se vieron forzados, pero el hecho es que además de las miles de víctimas provocadas por su manejo de las líneas de narcotráfico de la zona, estás menores de edad, y muchas otras mujeres, fueron violadas y sometidas por el matón.
Hernán Giraldo, reconocido paramilitar, tuvo 35 hijos, varios de ellos al parecer, producto de sus violaciones. Luego, una vez llegada la Ley de Justicia y Paz a la que él no quiso someterse en un inicio, comenzaron a estallar las voces de sus miles de víctimas, entre ellas, al menos 19 mujeres menores de edad violadas durante su largo reinado en la Sierra Nevada de casi 20 años de duración.
Cuando se esperaba que este sistema de justicia se encargara por fin, de dar a luz la verdad sobre un monstruo de gustos parecidos a los de Escobar, seleccionando menores de edad y llevándoselas a gusto, el gobierno de Álvaro Uribe decide extraditarlo por narcotráfico, ¿Será que cobrar impuestos por líneas de narcotráfico es más grave que los delitos sexuales de esa zona?, y si él se quedaba en el país y no era extraditado ¿Alguien alzó la voz para decir que no merecía una pena alternativa de Justicia y Paz y debería llevarlo a la justicia ordinaria?. En 2017 Giraldo fue condenado a 17 años de cárcel en Estados Unidos, y poco o nada se sabe de su verdad alrededor de varias niñas que se llevó, y poco o nada reparará a esas víctimas que no solo querían que “se pudriera en la cárcel”, también se quedaron viendo un chispero los desaparecidos, asesinados y exiliados bajo sus órdenes.
Ningún actor armado en Colombia, ni guerrillas, ni paras, ni Ejército, tenían ningún motivo más válido que su rival para cometer estos delitos sexuales contra menores. Cada vez que nos hablan de “verdaderas penas”, de que estos delitos no tienen justificación ideológica, que nadie puede tener amnistía o indultos por estos delitos, lo hacen en un mar de confusiones de lo que podría ser o no medidas efectivas, no solo para que el victimario pague, sino también para que diga la verdad, y repare, pero sobre todo para cerrar ciclos, para garantizar que se hable de esto y se enfrente, y no se huya para dar satisfacción a otro país por delitos que dejarán a las verdaderas víctimas sin nada de lo antes descrito.
Hoy las FARC luego del Acuerdo tendrán que ir a la JEP (donde no hay amnistía, ni indulto a los delitos sexuales contra menores) y hablarán de todos estos delitos, para garantizar verdad, y reparación, y quienes no hablen perderán esos beneficios, ya no con condenas de 5 a 8 años como en Justicia y Paz, sino, en condenas de hasta 20 años. Por eso sorprende que las últimas reformas propuestas hagan exactamente lo mismo que pasó con Hernán Giraldo, con esas reformas a la JEP, no solo estos delitos pasarán a la justicia ordinaria donde la impunidad es del 97%, también muchos de ellos podrían ser extraditados sin el filtro efectivo de la JEP, sin antes hablarle a esa jurisdicción sobre lo que pasó, sin antes entregar medios efectivos de reconciliación, para satisfacer juzgados en Estados Unidos que los buscan por narcotráfico.
El país quisiera ver estos delitos penados con muchos años de cárcel, como dice el Código Penal, y como dijo la ministra de Justicia Gloria Borrero, porque ninguna ideología justifica estos delitos, y como ella lo busca en el proyecto de Acto Legislativo que radicó esta semana, es mejor según ella, colocar todos estos delitos fuera de la JEP, pero este hilo de ideas tiene varios problemas.
Primero, el sistema al que quieren encargar la “justicia” de delitos sexuales contra menores en la JEP (que recordemos no incluye solo guerrilleros) es un sistema con una elevadísima impunidad, donde la verdad del victimario no es prioridad; Segundo, los guerrilleros podría mentir sobre estos delitos para no ir a la justicia ordinaria, pero al mismo tiempo no pierden los beneficios de la JEP, algo totalmente injusto con las víctimas, y Tercero, las víctimas que piden estas condenas no son las únicas, otros grupos piden a gritos que no saquen los delitos sexuales de la JEP, porque esa es su garantía de verdad.
El país no ha probado la Jurisdicción Especial de Paz, aún no conoce los resultados que se generarían si se le permite actuar con todo el marco legal que requiere, pero, por el contrario, ya probó a la justicia ordinaria con todos sus trámites, y requisitos, y esas altas condenas prometidas allí rara vez llegan a la gran bolsa de víctimas del conflicto, es una justicia con vacíos de verdad, y que cubre solo al 3% de los casos que debió esclarecer, y finalmente ya probamos la combinación justicia especial + extradición inmediata, y mientras la segunda pisotee a la otra como en el caso de los paras, en lugar de ver guerrilleros condenados por el Código penal en estos casos, será otro desfile de víctimas invisibilizadas y criminales en aviones rumbo a Estados Unidos.
