Este 20 de julio pudimos ver en la instalación del nuevo Congreso de la República, la reiteración de la desconexión tan profunda que ha mantenido el gobierno de Iván Duque con la realidad de la sociedad colombiana. El presidente a gritos y entre gritos, nos presentó a los colombianos su país de las maravillas. Un país que, en su personalísima realidad paralela, gobernó durante 4 años. Casi en una actitud delirante, relató un cuento de hadas que describe una Colombia prácticamente idílica, en la que todo va bien y donde la pobreza, la guerra, la deforestación y el narcotráfico están muy cerca de ser superados. Incluso, en medio de su burbuja, Duque quiso vendernos la idea de que la seguridad de los líderes sociales, o la restitución de tierras son logros de su gobierno.
La realidad es que perdimos cuatro años para avanzar de manera decidida en la superación de nuestros problemas estructurales. El gobierno saliente deja un legado de desinstitucionalización, reflejado por ejemplo en la politización de los organismos de control y de la fuerza pública; la campaña sistemática de saboteo al cumplimiento de los acuerdos de paz y el saqueo a sus recursos; así como escándalos de corrupción que tocan la más íntima esfera de la institución presidencial.
El tiempo es irrecuperable pero no todo está perdido si retomamos el acuerdo de paz y
la agenda de los objetivos de desarrollo del milenio. Inicialmente, en materia de paz y de tierras, es vital enfrentar la mafia del despojo incrustada en las instituciones del sector. Es prioritario también, trabajar en la construcción de un Estado territorial con presencia social integral que garantice gobernabilidad. Promover una infraestructura y oferta social del Estado local en los territorios, que permita asegurar gobernabilidad y seguridad para eliminar el caldo de cultivo en el que florecen las estructuras mafiosas que se alimentan de las rentas criminales y de la compra del poder político. Estamos hablando de las 6 grandes mafias: contrabando, narcotráfico, despojo de tierras, minería criminal, robo a la contratación pública y trata de personas.
La reforma rural integral es necesaria y el nuevo gobierno no la puede postergar, como pasó con el gobierno de Duque. En este punto, el avance del catastro multipropósito es una de las principales herramientas para actualizar los predios rurales en Colombia y desarrollar de manera adecuada la restitución de tierras que merecen las víctimas. Si se sigue frenando la restitución y se mantienen los privilegios tributarios a las grandes extensiones de tierra fértil pero improductiva, en Colombia la desigualdad rural y la injusticia contra los campesinos seguirá rampante. El nuevo gobierno tiene el gran reto de gobernar para el país real.
