Ahora cuando se avecinan nuevas elecciones de Congreso y presidenciales, pero también cuando le resta un año al actual gobierno que consideró, además de la Paz, la educación como prioridades, es necesario hacer unas breves reflexiones acerca de la importancia que tiene para el desarrollo de una sociedad y para el buen gobierno, darle prioridad real a la educación y a la investigación.
Un componente fundamental del desarrollo de una sociedad tiene que ver con lograr cada vez mayores niveles de cobertura en educación -básica, secundaria y superior-, pero igualmente una educación de la mayor calidad. En muchos ordenamientos constitucionales actuales la educación es considerada un derecho de todos los ciudadanos. Pero esto debe estar acompañado, con apoyos muy importantes en el campo de la investigación, porque el desarrollo de un país está asociado a la generación de emprendimiento productivos que generen empleo de calidad, estable y productivo y esto se asocia a tres grandes variables, educación, innovación tecnológica e inversión de capital. La innovación tecnológica es un resultado del desarrollo del conocimiento y allí juega un papel estratégico la investigación. Es la investigación tanto en lo que se ha llamado ciencias básicas, como en ciencias sociales -esto se tiende a englobar como ciencia y tecnología-, como la aplicación de los desarrollos -patentes, innovaciones, nuevas metodologías, etc- lo que va a facilitar y potencializar el desarrollo en una sociedad. Es verdad que el capital es una variable fundamental, pero es igualmente cierto que si existen propuestas innovadoras hay más posibilidades de implementar emprendimientos empresariales de diverso tamaño y complejidad.
Esto plantea un desafío para los gobiernos y las sociedades. A los primeros les cabe la responsabilidad de asignar los presupuestos adecuados tanto para educación, como para investigación, pero adicionalmente diseñar los mecanismos institucionales funcionales para la gestión y control de los mismos; pueden existir recursos, pero si no hay procedimientos adecuados de asignación, buena parte de los mismos se desvían o terminan en prácticas condenables. Al respecto podemos decir que si bien fue buena idea destinar un porcentaje de las regalías a la investigación, fue bastante deplorable el procedimiento de definición de prioridades de proyectos y asignación de recursos; es claro que los recursos no se pueden centralizar en la capital y es evidente que la definición de proyectos prioritarios regionales debe consultar prioridades de gobernantes territoriales, pero la toma de decisión y la gestión de recursos debe estar a cargo de mecanismos técnicos.
El sector privado empresarial debe destinar parte de sus recursos a la investigación e innovación -de hecho algunos lo hacen-, pero debe haber una relación más cercana con los centros de investigación, que en lo fundamental se sitúan en las instituciones universitarias y lograr sinergías que sean útiles para la sociedad; no se trata que las universidades se coloquen al servicio exclusivo de las empresas privadas, sino que ambas trabajen en función de contribuir al desarrollo de la sociedad.
Ojalá el actual gobierno considere que este periodo de transición y de posacuerdo requiere dar prioridad presupuestal a la educación y la investigación y contribuir a que existan procedimientos transparentes y sencillos de asignación de recursos, sin que la politiquería los vuelva su coto de caza. Los académicos, por su parte, deben de manera dialogada entender y precisar que la investigación en todos los campos del conocimiento es igualmente importante y requiere apoyo y que no se deben establecer campos investigativos prioritarios y otros de tercer nivel.
Este tema debe ser de permanente seguimiento por parte de los académicos y entender que se debe dialogar con los sectores encargados de tomar decisiones y otros sectores de la sociedad y situarlo en el contexto de las prioridades nacionales.
