Mercedes Sánchez, una mujer de 42 años, casada y madre de dos niños de 15 y 13 años, trabajadora de una cadena de restaurantes, me abordó hace unos días en una visita que hice a la localidad de Bosa en Bogotá y me solicitó concretamente que le ayudase a interponer una acción de tutela para que esposo recibiera tratamiento y medicamentos para una enfermedad cardiovascular que le fue diagnosticada.
Esta petición fue muy concreta y diferente a las que generalmente reclama la comunidad; casi todas relacionadas con el arreglo de vías, parques, la creciente inseguridad y por supuesto la necesidad de empleo que afrontan nuestros conciudadanos.
Pero el tema no es nuevo, aunque nuestra Constitución Política, desarrolla en su primer capítulo el tema de los derechos fundamentales, pareciera costumbre que para acceder a ellos hay que recurrir a la acción de tutela, mecanismo excepcional creado para su preservación y salvaguarda.
La Defensoría del Pueblo en un informe que llamó “La tutela y el derecho a la salud’ da cuenta que en el año 2016 se interpusieron en el país 151.213 peticiones ante los tribunales reclamando el derecho a la salud. En total se presentaron 614.520 acciones, una cada 51 segundos. Las tutelas correspondientes a violaciones al derecho de salud representaron el 24 por ciento, una cada tres minutos y medio, algo así como 411 cada día del 2015. Esta cifra ha crecido año a año.
Esto me lleva a pensar en una frase que por días he tenido en mi mente y discutido con algunos amigos: En Colombia los derechos fundamentales se convirtieron en «derechos rogados”, lo cual sigiere que para acceder a lo que por ley corresponde, se debe recurrir a mecanismos que debieran ser utilizados en casos extraordinarios.
El tema del “derecho rogado” abarca casi todas las facetas de nuestra vida ciudadana, es doloroso que ante la inseguridad alarmante que se vive en nuestras ciudades, la comunidad es testigo de cómo cientos de victimarios son dejados en libertad de un día para otro.
Según información de la revista Semana, a lo largo de 2016 la Policía capturó en todo el país a 207.728 delincuentes en flagrancia, es decir, cuando estaban cometiendo algún delito; así mismo, arrestó a otros 37.800 por cuenta de investigaciones y órdenes judiciales, para un total de 245.528. Sin embargo, los jueces sólo enviaron a menos de 10.000 a la cárcel y a otros 3.000 les concedieron detención domiciliaria. O sea menos del 20 ciento de los capturados terminaron en la cárcel. Todos los demás salieron libres.
Mi conclusión es sencilla, hay que regresar a las concepciones básicas de la justicia: un derecho es un derecho y punto. No hay por qué rogarlo. El esposo de Mercedes Sánchez, tiene derecho a recibir su tratamiento y las instituciones del Estado deben velar para garantizarlo y hacerlo efectivo.
