“El que la hace la paga”. Con ese eslogan de campaña el hoy presidente de la República quiso mostrarse fuerte contra las personas que cometieran cualquier delito en el país, entre ellos la corrupción, que ya desbordó todos los límites y se convirtió en el cáncer de nuestra nación.
Hace unas semanas sucedió un hecho que sacudió la opinión pública. Luego de negársele el asilo en Estados Unidos, fue extraditado a Colombia el exministro Andrés Felipe Arias, para cumplir una condena por peculado por apropiación y celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos (léase corrupción). En medio de un total hermetismo se impidió hacer cualquier registro de su arribo al país y de su traslado a lo que será su sitio de reclusión en la Escuela de Caballería del Ejército Nacional.
El partido de gobierno dice que esto es una persecución política y deslegitima la condena impuesta por la Corte Suprema de Justicia. Por ese motivo, la semana pasada el Centro Democrático radicó el proyecto de ley de doble instancia o ley “Andrés Felipe Arias”. Otra “jugadita” contra el Estado de Derecho, un homenaje a la corrupción que deja un malestar en la ciudadanía.
Todos esos esfuerzos deberían enfocarse en soluciones inmediatas como reducir la tasa de desempleo que alcanzó el 10.5% en mayo; proteger a los líderes sociales; reducir la inseguridad en las calles, entre otros que afectan el día a día de los colombianos.
El Congreso debe dedicarse a resolver los problemas de sus electores, a mejorar la calidad de vida de los colombianos, a cumplir el mandato del pueblo y legislar en interés general, no particular para fabricar leyes retroactivas en beneficio de una persona.
