La iniciación de la Copa América desplazó ya de la atención mediática los avatares rocambolescos de Jesús Santrich y sepultará también la tormenta que desató el fallo de la Corte Constitucional sobre la prohibición general del consumo de alcohol y drogas en lugares públicos. El país entró en modo futbol. Y el debate, que debería profundizarse en todos los escenarios porque es trascendental, sobre realidades de la vida diaria y no sobre prejuicios, se esfumó.
La decisión del más alto tribunal siguió pacíficamente la línea jurisprudencial adoptada por la Corporación a partir de 1951 en el sentido de garantizar protección a la facultad establecida en el artículo 16 de la Constitución de que “toda persona tiene derecho a disfrutar el libre desarrollo de su personalidad, sin más limitaciones que las que les imponen los derechos de los demás, el orden jurídico y los principios constitucionales, cuya eficacia vincula a las autoridades y a todos los particulares”
Pero, Uribe y su combo más cercano de fundamentalistas aprovecharon la ocasión para manipular a su antojo- una vez más- una opinión sensible y desinformada, casada además, con el paradigma prohibicionista impuesto desde los años 80 por los Estados Unidos.
Es evidente que nuestra polarizada sociedad últimamente no se está moviendo en una dirección garantista y respetuosa de los derechos y las libertades de todos y cada uno de los ciudadanos. Y que las fuerzas más retardatarias del conglomerado social capitaneadas por los populistas de derecha con el respaldo de las iglesias protestantes, como ocurre en el Continente y también en otras latitudes, siguen ganando terreno.
Por eso la despenalización de la dosis mínima y el fallo de la Corte que tumbó 2 artículos del Código de Policía dejando a salvo la acción de las autoridades “cuando se presentan alteraciones derivadas de cualquier tipo de consumo”, han suscitado tal alharaca y tantas reacciones adversas.
El expresidente Uribe y sus áulicos dieron rienda suelta a su beligerancia característica. Hicieron gala de la intolerancia extrema que es su divisa e incurrieron en lo que constituye un exabrupto intolerable en un Estado de Derecho: convocar a sus fieles para salir a marchar contra la decisión de la Corte Constitucional.
Y, todo indica que el presidente Duque persistirá en un modelo de combate al narcotráfico que durante más de 40 años ha demostrado su absoluta inutilidad.
Así lo señala el análisis realizado por el Grupo de Acciones para el Cambio en el informe sobre la experiencia de Colombia en materia de política de drogas que evalúa los efectos que ha tenido la política de lucha frontal contra las drogas en el país y cuyas conclusiones resumidas son las siguientes:
- “Colombia pasó en 2007 de tener 68.000 hectáreas sembradas a tener 171.000 hectáreas de cultivo de coca. Son en total 103.000 hectáreas más que hace diez años.
- El consumo de sustancias psicoactivas y psicotrópicas aumento significativamente.
- No se eliminó ni se logró al menos reducir la producción, la fabricación, comercialización y producción de sustancias ‘psicotrópicas’
- Ha habido un aumento en la resiembra de hectáreas de coca que habían sido erradicadas. En 2018, de las 80.571 hectáreas erradicadas al menos 28.199 fueron nuevamente sembradas. Es decir, el 35% de hectáreas que habían sido erradicadas.
- Los departamentos con indicadores más altos de pobreza multidimensional suelen coincidir con los que tienen cultivos de coca en su territorio. Guaviare, Caquetá, Cauca, Chocó, Norte de Santander, por ejemplo.
- El Departamento Nacional de Planeación encontró en 2016 que el 58% de los municipios del país con cultivos de coca presentan una conectividad deficiente. A dos años largos de firmado el Acuerdo de paz, parece que todavía no ha habido ‘voluntad política’ para darle cumplimiento al punto del desarrollo agrario integral.
- En los últimos dos años han asesinado a 64 líderes que tenían alguna relación con el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS). Y fueron asesinadas 47 personas pertenecientes a la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana.
- La oferta de servicios especializados de tratamiento al consumidor es inexistente en cerca del 95 % de los municipios del país.
- Entre 1994 y 2015 se asperjaron cerca de 1,9 millones de hectáreas. Entre 1999 y 2018 se erradicaron manualmente 576.439 hectáreas con grupos móviles de erradicación. Según estimaciones, para el 2012, el Gobierno habría gastado una suma de 104.331.276 dólares en glifosato y 458.331.276 dólares en operativos antinarcóticos. Sin embargo, dice el informe, la estrategia no ha tenido éxito. Para reducir una hectárea de coca hay que fumigar alrededor de 33 hectáreas adicionales.
- Sumado a esto, el informe también señala la relación entre aspersión con glifosato y aumento en la tasa de abortos espontáneos. En los municipios en los que se fumiga, las tasas de aborto suben 8,7%.”
En la línea del fallo producido por la Corte Constitucional y en las experiencias exitosas para combatir el flagelo de la droga en el mundo, el informe plantea en contravía de lo que el gobierno pretende hacer, “que los programas de sustitución de cultivos ilícitos deben ser voluntarios y acordes a los deseos de quienes viven en el territorio. Expone con razones irrefutables de que el consumo de drogas debe ser tratado como un tema de salud pública y no como algo que deba criminalizarse.”
