Alrededor de Latinoamérica crecen las dificultades, en un contexto de crecimiento global que es el más bajo de la década. En Ecuador a duras penas se sostiene el gobierno de Lenín Moreno a quien los indígenas mediante 11 días de violentas protestas acorralaron hasta obligarlo a derogar el decreto de eliminación de subsidios que provocó el levantamiento popular.
De milagro el efecto contagio del Ecuador no alcanzó a llegar a Colombia, como lo presagiaba con muy mala intención Diosdado Cabello, pero no es improbable que ocurra. Por el momento, las estadísticas registran, que, desde hace más de un año y medio, se viene efectuando una marcha o paro cada dos días en el país.
En Venezuela aún en su condición de Estado fallido se sostiene el gobierno de Nicolas Maduro como exportador neto de las dificultades que trae consigo la ola migratoria para el resto de naciones del área y especialmente para Colombia donde se asientan la mayoría de los vecinos desesperados que huyen masivamente del desmoronamiento de su propia patria.
En Perú la confrontación entre el presidente Vizcarra y el Congreso mantiene un clima de inestabilidad que no tiene trazas de corregirse. En Nicaragua no cesan la represión ni el autoritarismo.
En México, Honduras, El Salvador y Guatemala, la inseguridad y la carencia de oportunidades desbordan a los ciudadanos y los empujan a intentar colarse como sea, aún a riesgo de sus propias vidas a los Estados Unidos.
Allí, donde la xenofobia, y el abuso propiciados por el Gobierno Trump y afincados en el alma colectiva de una porción muy amplia de los propios norteamericanos, ya están haciendo invivible la cotidianidad de los más de 11 millones de indocumentados procedentes en abrumadora proporción del Sur, que se ocupan del trabajo que los blancos nativos no están dispuestos a realizar sobre todo en sectores claves de la producción agroalimentaria.
En Bolivia y Argentina respectivamente, se perpetuará Evo, y Macri, con sus reformas de corte neoliberal propiciadas por el FMI, será desalojado del poder para consternación de los mercados que habían depositado en su gestión gubernativa todas sus esperanzas.
Brasil y México las dos más grandes economías del Continente, con regímenes de signo ideológico opuesto, no crecen al ritmo esperado y son prisioneras de la incertidumbre. Nadie sabe con certeza cómo y hacia dónde derivarán las políticas de sus mandatarios populistas recientemente elegidos con el apoyo de masas de electores desilusionadas y sin esperanza porque las élites tradicionales, desprestigiadas por la corrupción rampante y por la falta de resultados, no han sido capaces de resolver los problemas comunes a los países de América Latina, exacerbados por la creciente desigualdad.
Desigualdad que como lo acaba de afirmar en reciente visita al país, el economista Paul Collier, es evidente en Colombia y muestra dos síntomas que son muy ciertos: “uno es la división entre las aglomeraciones urbanas prósperas y las regiones rurales, y el otro es la brecha de habilidades entre los mejor y peor educados.”
“La desigualdad no es solo de ingresos sino que tiene muchas facetas. La pregunta interesante aquí es por qué eso se está descuidando, pues es en realidad un problema ético con consecuencias que derivan en estallidos sociales con implicaciones políticas como el brexit o la elección de Trump. “
Resulta incuestionable como lo afirma Daniel Zovatto, director regional de Idea Internacional, que “las instituciones políticas han quedado desfasadas. Tenemos instituciones del siglo XIX, con paradigmas del siglo XX, para gobernar sociedades complejas del siglo XXI”.
La democracia representativa, en un mundo globalizado en el cual la tecnología está siendo utilizada no para perfeccionar el sistema sino para erosionarlo y corromperlo, es insuficiente, no abarca las expectativas sociales crecientes y no está respondiendo a las demandas que se formulan a los gobiernos de producir resultados concretos para la gente común, en materia de seguridad, trabajo, ingresos equitativos, pensiones, salud y garantía de una vida digna y feliz.
Las redes sociales se han convertido en administradoras de un odio que pone los pelos de punta. La polarización no baja de frecuencia ni de tono. Y las noticias falsas no son fenómenos solamente de otras latitudes. Ya las vimos operando en el plebiscito para la paz en torno a las inexistentes “políticas de género” que pusieron a votar contra el sí de manera mancomunada e igualmente fanática a católicos y evangélicos.
La masacre atroz de Karina García y sus cinco acompañantes, como ella misma lo expresó a través de las redes, en video difundido ampliamente después de su asesinato, fue precedida de noticias falsas que ella misma denunció y que la sindicaban de estar dispuesta a traer a su región paras y multinacionales y a quitarles las tierras a los campesinos.
En un contexto de guerra sucia, atizada por la violencia que circula en las redes, desde que se cerraron las inscripciones de candidaturas, el pasado 27 de julio, hasta el 15 de septiembre, la Misión de Observación Electoral registró 53 candidatos víctimas de violencia política: 39 han sido amenazados, 2 secuestrados, 5 víctimas de atentados, y 7 asesinados.
Nuestro Registrador, Juan Carlos Galindo, acaba de denunciar públicamente que las noticias falsas constituyen un riesgo electoral en los comicios del próximo 27 de octubre. Hasta el punto de obligar a la Registraduría a desarrollar un mecanismo a través de la inteligencia artificial para monitorear las conversaciones en las redes en torno al proceso electoral y verificar si son ciertas o no y poder subir oportunamente las versiones corregidas a la página WEB de la entidad, para que los colombianos puedan verificar si lo que se está diciendo es verdadero o falso.
