Es hora de lograr el bienestar de la sociedad en el territorio, buscando el equilibrio entre el desarrollo económico con el ambiental y el social.
Cundinamarca es una región con múltiples potencialidades, por su ubicación geográfica, condiciones geofísicas, hídricas, sociales, económicas y factores ambientales; sin embargo, también presenta algunas complejidades como las que se generan por la combinación de territorio, comunidad y clima. Las anomalías meteorológicas frecuentes impactan de diversas formas y niveles a los ciudadanos asentados en los más de 24 mil kilómetros cuadrados que conforman el departamento.
La disminución de la lluvia, la reducción del recurso hídrico, el desabastecimiento del preciado líquido, los incendios forestales, el aumento de temperatura y los periodos más intensos de sequía, hacen parte de la variabilidad climática que enfrenta la región; mientras tanto, al otro extremo se encuentra el incremento de las precipitaciones generando avenidas torrenciales, avalanchas, crecientes súbitas, inundaciones, desestabilización de infraestructuras, deslizamientos, derrumbes y alteraciones en la temperatura, como las heladas que afectan los cultivos y pastos dispuestos para la ganadería, poniendo en riesgo los bienes, economía e integridad de las personas.
En 2016, la Contraloría de Cundinamarca alertó sobre la vulnerabilidad del departamento, al mencionar que el 38 % de los fenómenos amenazantes tienen origen natural, es decir, por factores ambientales, debido al aumento en la demanda del recurso hídrico, la reducción de caudales y los fenómenos climáticos extremos.
Estas alteraciones del clima producen pérdidas, tanto en las zonas rurales como urbanas, llegando a establecer que un escenario de mitigación se logra con el uso adecuado de los instrumentos de planificación en el territorio, permitiendo la adaptación al espacio geográfico y al cambio climático por medio del uso de prácticas sostenibles con los recursos naturales.
De acuerdo con el informe de la Gobernación de Cundinamarca (2016), que se complementa con el del uso del suelo y cobertura vegetal del Dane (2014), las alertas se encienden en temas de ampliación de frontera agropecuaria, deforestación, erosión y demás procesos que impactan el ambiente, ocasionando escenarios de riesgo.
En este sentido, los datos muestran que existen 679.243 hectáreas (ha) en cobertura natural, correspondientes al 31 % de su extensión total, frente a un 62 % de ha transformadas. El 41 % se destina a pastos y el 21 % a la agricultura. Respecto al conflicto en términos de uso del suelo, las áreas utilizadas en ganadería superan 1,3 veces el potencial existente, mientras que en agricultura solo se utiliza el 24 % de las tierras aptas.
Desde la prevención, reducir el riesgo es el camino adecuado y seguro, pero no el más fácil; es un reto que contempla inversiones, formación y adaptación. La prevención logra minimizar la destinación presupuestal en atención y recuperación en rangos que oscilan entre 60 y 100 veces menos; es preciso calcular los costos de reubicación de un barrio, sector o comunidad asentada en la margen de un río, los daños provocados por inundaciones, avalanchas o crecientes súbitas; resulta imperioso mantener seguros a los habitantes en el territorio.
Al contar con los instrumentos de ordenamiento territorial que incluyen las variables de riesgo, se logra salvaguardar la vida, los intereses sociales y económicos de los ciudadanos, evitando la permanencia de las comunidades en dichos terrenos, una práctica que puede llegar a ser histórica o ancestral al concentrar las poblaciones alrededor de los ríos.
Más allá de los temas económicos, es fundamental amparar la integridad de los seres humanos. Según el reporte de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, en lo que llevamos de 2021, el país registra al menos 50 mil familias afectadas por las lluvias, donde 71 personas han perdido la vida y al menos 57 han presentado lesiones.
Es hora de que el país y el departamento aumenten la capacidad de prevención y adaptación al cambio climático en el ordenamiento de los territorios, pero también en el fortalecimiento de las capacidades de planeación de las actividades realizadas por el ser humano. Hoy, más que nunca, es necesario poner el oído en la tierra, escuchar a la naturaleza, sentir e interpretar lo que grita desesperadamente, orientar las acciones hacia la armonía y el equilibrio, buscando la articulación adecuada de territorio y sociedad.
La tarea está en establecer y promover de forma modulada el ordenamiento territorial para conseguir la mejor relación entre el desarrollo, el crecimiento, la adaptación y la protección de los recursos naturales, donde se genere un enfoque especial a través de la formación, capacitación y cambio de pensamiento de los diferentes sectores de la sociedad, enfatizando en los niños y jóvenes como el potencial más grande para conseguir la sostenibilidad del planeta.