El debate se venía aplazando desde hace mucho tiempo, décadas tal vez, desde cuando se empezaron a documentar el uso desmedido de la fuerza y el abuso de autoridad en las actuaciones de la Policía Nacional en el control de situaciones de orden público en el país. Anoche todo explotó, los años de descontento reprimidos salieron descontrolados en forma de la marea humana que arrasó con todo lo que tocó. Lo que vimos, sólo fue el curso natural de un problema que no habíamos querido cuestionar, este es: ¿Cuál es el verdadero propósito que tiene una institución como la Policía Nacional dentro del engranaje institucional y social del país?
El asesinato del abogado Javier Ordoñez y los 10 muertos y 146 heridos de la jornada de protestas de anoche, acerca a la sociedad hacia la urgencia de un cambio dentro de la orientación de la institución policial, momentos en los cuáles se empieza a gestar una propuesta que se inclina hacia la desmilitarización de las policía, lo cual, suscita una disyuntiva que se centra entre la profesionalización y a la democratización del ejercicio policial y el incluir activamente a la ciudadanía en los temas de seguridad y orden público, incrementando el ejercicio de control ciudadano sobre las políticas y los recursos orientados al ejercicio de la seguridad y el orden civil.
A pesar de la creciente presión proveniente de diferentes sectores de la sociedad para que se desmilitarice la institución policial, las prácticas, no solamente de asegurar el orden y las relaciones ciudadanas, sino de garantizar funciones de seguridad y protección institucional por medio del uso de la fuerza armada que han caracterizado a la policía nacional están más vigentes que nunca como resultado del progresivo crecimiento de las funciones policiales y los difusos límites entre las funciones de la policía y los cuerpos castrenses, con el fin de garantizar la seguridad del Estado y las instituciones, así como para respaldar la implementación de las medidas dispuestas por el gobierno.
Es así como, cobran vital importancia los debates acerca de los retos institucionales de la fuerza de policía, en tanto actor fundamental y protagónico para el mantenimiento de la seguridad, pero sobre todo como garante de la convivencia ciudadana para el ejercicio de los derechos y las libertades públicas y para la lucha contra los fenómenos criminales que amenazan las condiciones de una convivencia pacífica.
En consecuencia, emergen preguntas concretas sobre los retos y los desafíos de la policía en el actual contexto: ¿cuáles son aquellos desafíos a la convivencia a los que deberá enfrentarse la Policía en la sociedad actual y cómo hacerles frente? ¿Cómo gestionar la seguridad local, urbana y rural en el territorio nacional? ¿Qué tipo de formación y doctrina policial se requiere para ello en tiempos de retos y desafíos en una coyuntura tan polarizada y llena de vacíos de acompañamiento a la ciudadanía por parte del gobierno nacional? ¿Cuál debe ser el lugar de la policía en el andamiaje institucional del estado?
La función de la Policía Nacional, debe mantener la finalidad esencial del Estado colombiano, tal como queda estipulado en el artículo No 1 de nuestra constitución política: “Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”[1]
He aquí el reto que nos llama como sociedad, que nos obliga a exigir un cambio dentro de la orientación de la institución policial para que sea por fin y definitivamente en una institución de carácter civil, democrática y orientada al servicio público.
Es innegable que en Colombia, aún predominan las formas autoritarias y verticalistas de ejercicio del poder, y que los intentos por acercar el ejercicio de la soberanía de la ley el control ciudadano, así como la protección de los derechos y la seguridad en ciudadana ha tenido un efecto adverso, esto es, una orientación de la Policía Nacional de carácter impositiva en la aplicación del orden público por medio de la fuerza y muy enérgico en el ejercicio del control punitivo y la sanción disciplinaria.
Es hora de pensar y fortalecer una Policía más orientada a la prevención y la búsqueda de consensos, que no sea juez condenatoria de las libertades y de la expresión ciudadana. Así mismo, la sociedad colombiana en su conjunto total, debe asumir el reto de incrementar la presión social y fomentar la participación y acción colectiva para el ejercicio de la veeduría ciudadana con el fin de lograr mayor transparencia institucional y la transformación de una institución que no ha logrado entender las necesidades actuales de la población colombiana y que se centra en el uso y administración de la coerción y la fuerza.
Una institución policial, moderna, integrada y sólidamente inserta dentro del desarrollo colectivo de la sociedad colombiana, que reclama de manera urgente no el uso de la fuerza, sino el acompañamiento efectivo para su desarrollo, que permita la creación y reproducción de tejido social, que es la vía más efectiva para la reducción de las altísimas tasas de criminalidad que vivimos , queremos y exigimos una institución de carácter civil, no militar, apegada al Estado Social de Derecho y funcional a las necesidades de los ciudadanos formando parte integral de una comunidad de seguridad sólida que responda efectivamente a las demandas y necesidades de nosotros, los ciudadanos que la Policía nacional debe proteger y a quien debe servir.
[1] Constitución política de Colombia; 1991
