En los últimos días la Corte Constitucional nos dio una excelente noticia a los defensores de la vida, de la naturaleza y del ambiente al fallar en contra de que en Colombia se realicen fumigaciones con glifosato.
Muchos sectores, especialmente de la derecha quedaron estupefactos con la noticia y no es para menos, se les cae parte de su discurso guerrerista que por años han impulsado, generando miedo y temor en la población.
La razón es que, la Corte Constitucional dio visto bueno a una tutela presentada por diversas organizaciones de Derechos Humanos, ambientales, indígenas y campesinas de 14 departamentos que agrupan a 104 municipios de diversos territorios y de paso rechazó el plan de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), para el manejo ambiental de esta práctica, lo que quiere decir que, la fumigación con ese herbicida quedará en veremos hasta tanto no se haga efectiva el proceso de consulta previa con las comunidades afectadas por las aspersiones, como también quedará en veremos la promesa del gobierno Duque, de retornar el uso del glifosato como instrumento en la política nacional de lucha antidrogas.
Por eso, aplaudimos esta decisión porque ya está claramente demostrado que las fumigaciones con glifosato no sirven para contrarrestar los grandes alcances del narcotráfico, ni las estructuras criminales, pero sí afecta de manera gravosa al medio ambiente porque lo envenena, de paso estimula la deforestación, crea conflictos sociales, genera desplazamiento de comunidades y choques con la fuerza pública, además que las aspersiones aéreas generan problemas de salud.
De tal manera que ha fracasado nuevamente las intenciones de este gobierno de insistir con un mecanismo ineficiente, caduco y sí muy costoso para combatir las drogas en este país. Estudios muy serios han demostrado que, para eliminar una hectárea, es decir, sacarla definitivamente había que asperjar treinta veces, lo que demuestra la poca efectividad de ese mecanismo.
Es momento que se busquen nuevas alternativas que sí sean efectivas para acabar con los cultivos de uso ilícito que hoy atormentan a muchas regiones en Colombia, como Nariño, el Catatumbo, el bajo Cauca, el Guaviare, entre otras. Aunque dudo que este gobierno lo haga, además porque se le está acabando el tiempo, les cogió la noche y no lo lograron.
En el nuevo gobierno, necesitamos volver a impulsar y a apostarle a las erradicaciones manuales y a la sustitución voluntaria de cultivos, haciendo acuerdos con las comunidades y estimulando su transición hacia la legalidad, pero con oportunidades e inversión social en su territorio, de lo contrario seguiremos en el mismo círculo vicioso de las últimas décadas.
A nosotros nos parece importante que hay que escuchar a las comunidades, debe haber una sintonía con sus necesidades y por supuesto que esa sincronía en las actuales circunstancias políticas que vive Colombia, no la hay, porque nos gobierna una derecha que no le apuesta a garantizar la paz en los territorios, sino por el contrario les encanta hacer sonar los tambores de la guerra en la Colombia profunda, marginal y olvidada, buscando con eso perpetuarse en el poder y seguir con los grandes negociados que les genera la guerra, pero eso, a partir del siete de agosto va dar un giro de 360 grados y será otro el futuro que le espera a nuestro país.
Mientras no resolvamos el problema de las 130 mil familias cocaleras, no habrá forma de acabar con este flagelo, hoy solo el 5% de ellas tienen proyectos productivos, lo que demuestra la poca capacidad o el desinterés del gobierno por avanzar en una política antidrogas distinta, donde se estimule lo social, donde se concerté con las comunidades proyectos productivos legales y rentables, pero mientras esto continue como viene sucediendo, lo más probable es que el país siga prisionero dentro de esa burbuja del narcotráfico que algún día tendrá que romperse para bien de todas las generaciones de colombianos.
