La semana pasada, en el Congreso, realizamos la institucionalización del capítulo colombiano del Frente Parlamentario Contra el Hambre, a través del cual, de la mano de la FAO, parlamentarios, de varios partidos, comprometidos en la lucha contra la desnutrición y por la seguridad alimentaria como un asunto estratégico de la actividad legislativa, estamos promoviendo en el país el establecimiento de marcos institucionales favorables a la consecución plena del derecho a la alimentación.
Cuando, honrosa, acepté la coordinación de este capítulo colombiano, en abril del 2015, ya tenía como prioridad la lucha contra la desnutrición y estaba defendiendo, contra viento y marea, el Proyecto de Ley por el cual se formaliza el Sistema Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional y se crea la Agencia Nacional de Seguridad Alimentaria, que presenté en la primera semana de mi senaturía.
Durante mi gestión como coordinadora de este Frente Parlamentario, con la misma vehemencia con que he defendido este proyecto (ahora en curso en la Cámara, por segunda vez) he encauzado mis esfuerzos a visibilizar la gravedad del drama de la desnutrición, a través de los diversos medios que facilita la tarea parlamentaria.
En asocio con la Comisión de Derechos Humanos, con mi equipo de colaboradores y, por supuesto, con la FAO (el ángel guardián de este frente), hemos logrado llevar a cabo tareas como la de gestionar la realización de la Feria Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que, esperamos, tenga lugar en Bogotá, en el próximo año.
Para sensibilizar a los colegas congresistas, organizamos, en el Capitolio Nacional y en Cartagena de Indias, la exposición “Mata más el hambre que la guerra”, con 34 fotografías tomadas en diferentes regiones del país que muestran la dimensión catastrófica de la inseguridad alimentaria de la niñez en Colombia.
También acudimos al control político. Citamos a debates sobre el tema de la seguridad alimentaria y nutricional y sobre el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y realizamos un foro en el que mostramos la espeluznante radiografía de la desnutrición que sufren nuestros menores. Hicimos audiencias públicas en Bogotá, donde dimos a conocer el abandono del Estado a las comunidades Nukak y Jiw, altamente diezmadas por la desnutrición; y en Medellín, en Vigía del Fuerte y en Bojayá, donde nos ocupamos de los niños emberas y afros muertos por desnutrición.
En el campo legislativo, además de la mencionada Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que no nos cansaremos de presentar, fui ponente de la Ley de Familias Lactantes, iniciativa de mi copartidaria, la representante Clara Rojas, y de la positiva ley para elevar a la categoría de Política de Estado la Estrategia de Cero a Siempre, para promover el desarrollo integral de nuestros niños. Y, como frente parlamentario, estamos impulsando otras iniciativas de importancia, como la urgente ley del senador Jorge Eliécer Prieto, por el derecho fundamental al agua; o los proyectos de impulso de la Economía Campesina y la Agricultura Familiar y de mejoramiento de la información nutricional de alimentos procesados y ultraprocesados, del representante Víctor Correa; o al de recolección, tratamiento y aprovechamiento de aguas lluvia, de la representante Angélica Lozano, o las necesarias medidas propuestas por la senadora Maritza Martínez, en cuanto al Derecho Humano a la alimentación adecuada; al consumo informado de azúcar, sodio y grasas; a la lucha contra el desperdicio de alimentos, y a la necesidad de declarar de utilidad pública e interés social la producción de alimentos con destino a la alimentación humana.
Nos desplazamos, de nuestro propio bolsillo, a la ciudad de París, donde nos reunimos con la directora general de la UNESCO, en aras de buscar auxilio para nuestras minorías étnicas que padecen el hambre. Contemplamos, entre otros factores, la necesidad de impulsar proyectos de seguridad alimentaria que tengan en cuenta los productos y los usos tradicionales de los pueblos indígenas colombianos. Posteriormente, hicimos el seguimiento necesario ante la dirección regional de esa entidad, en Quito.
También por propia cuenta, en Washington, con el senador Alexander López, denunciamos ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos y ante congresistas estadounidenses, el incumplimiento de las medidas cautelares de la CIDH, en cuanto a alimentación y agua, para proteger la vida de nuestras comunidades indígenas, especialmente de los niños de la etnia wayuu.
Ante la omisión criminal del gobierno contra estas comunidades, emprendimos la tarea de realizar 18 brigadas en La Guajira, Chocó, Huila y Antioquia, donde brindamos atención médica a más de 14.000 niños y madres lactantes y hemos podido recoger datos confiables para mostrar la realidad de nuestras poblaciones más vulnerables. Los resultados son escalofriantes: más del 53% de las personas atendidas padecen desnutrición.
Esperamos que las pruebas elocuentes de la situación real de la desnutrición en Colombia, que hemos develado a través de nuestras actividades, conduzcan al ICBF y a las demás entidades responsables de este asunto a comprender la necesidad de consolidar una política pública de seguridad alimentaria coordinada y fundada en lineamientos técnicos.
La responsabilidad en cuanto a la desnutrición en Colombia, debe ser asumida con toda la acuciosidad que requiere la situación apremiante de miles de niños nacidos y por nacer en una situación de desnutrición grave. Por ello, el desarrollo de este Frente Parlamentario Contra el Hambre es una oportunidad histórica para Colombia, para desarrollar una política pública eficaz sobre seguridad alimentaria y nutricional.
La paz no puede conseguirse, si no acabamos con el hambre.
