En cifras globales hay más de 8.5 millones de víctimas en Colombia, lo que representa un poco más del 18% de la población de nuestro país. Todos saben que para atenderlas, en el 2011 se promulgó la Ley 1448 que creó un andamiaje institucional para cumplir su propósito. Esa misma ley, le ordenó al Congreso conformar una comisión con miembros de todos los partidos para efectuar el seguimiento a su aplicación. Bajo este contexto, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas llevo a cabo su última sesión en el Congreso de la República y presentó el resultado final de su trabajo.
El enfoque en las regiones fue prioritario para la comisión. Así se realizaron Foros Regionales y Temáticos, acompañados por más de 3.000 asistentes, de más de 50 municipios y 12 departamentos; experiencia que fue plasmada en el video documental «Víctimas, una mirada a la reconciliación”. Eso nos permitió lograr una acción transformadora de verdad. Me refiero al trabajo de incidencia política que se hizo en el Congreso para incorporar, las prioridades de las víctimas del conflicto armado, en la agenda del Parlamento y específicamente en las iniciativas sobre el Procedimiento Legislativo Especial para la Paz.
Así construimos un puente para acercar la institucionalidad a las víctimas, que trajo beneficios de doble vía. Por un lado, le permitió a las víctimas hacer aportes de manera constructiva para enriquecer el debate legislativo y no solo identificar responsables de su propia situación. Por otro lado, le permitió al Congreso cambiar la idealización de lo que es una víctima. Reconocer también que más allá de un sujeto vulnerable, hay un protagonista de la vida pública conocedor de primera mano de las causas del conflicto y capaz de hacer aportes para lograr la reconstrucción del país.
Este es un camino que no podemos deshacer. Es necesario comprometer al nuevo gobierno en la profundización de los avances en reconocer a las víctimas. Por eso es urgente tener en cuenta los principales retos de la legislación que se concentran en el subregistro de las víctimas en el exterior, los bajos porcentajes de cumplimiento en restitución e indemnización administrativa y el déficit presupuestal. Es inevitable concluir que las metas definidas en la ley del 2011, no se cumplirán en el corto plazo. Sin duda y con paso firme hay que avanzar en la ampliación de la vigencia de la ley para cumplir con su propósito, antes de que caduque.
