Hemos escuchado de altos funcionarios del gobierno que el narcotráfico es el responsable de los asesinatos de los líderes sociales en los territorios. Esta afirmación hay que tomarla con reserva, porque es verdad que grupos de traficantes de droga pueden tener que ver con varios asesinatos de líderes sociales, pero puede ser exagerado decir que todos los asesinatos de líderes se deben a estos grupos.
Es verdad que el conflicto armado colombiano ha tomado en los últimos tiempos un perfil similar a una disputa por el control de los territorios donde se siembra la coca y en esto intervienen desde grupos de crimen organizado –lo que en el pasado reciente denominábamos Bacrim-, hasta actores del conflicto, porque no hay duda que las rentas derivadas de esta actividad productiva ilegal siguen siendo relevantes para la financiación de los actores del conflicto y/o para atesorar por parte de grupos de negocios privado. Pero además, no hay que olvidarlo, alrededor de la actividad de la coca se mueven grupos poblacionales muy importantes, como los productores –la mayoría pequeños cultivadores que derivan de allí los ingresos fundamentales para su subsistencia-, los recolectores de la hoja de coca o ‘raspachines’ que igualmente derivan de allí sus ingresos, con frecuencia de sobrevivencia. Pero igualmente alrededor de esta actividad se generan procesos primarios de procesamiento, así como actividades de comercialización. En estas comienzan a intervenir organizaciones de traficantes, casi siempre articuladas a grupos de crimen organizado, más o menos relacionado con grandes organizaciones de crimen transnacional.
Ahora bien, si lo dicho resume lo que sucede en la actividad de la siembra, recolección y procesamiento de coca. Por lo tanto la acción del Estado tiene por delante dos tipos de ejes de acción, una, diseñar una estrategia de hacer presencia y control permanente de estas zonas de siembra de coca –empezar, como lo hemos reiterado, la construcción de Estado en los territorios- y esto debe acompañarse con una sólida estrategia de sustitución voluntaria de los cultivos de coca, que ha demostrado niveles de eficacia muy altos y muy bajos niveles de resiembra -en esto tomo distancia de cierta tendencia en el gobierno de suponer que lo único es erradicación forzosa vía fumigación-; esto requiere una acción combinada y articulada de Fuerza Pública y funcionarios civiles especialistas en desarrollo rural. La otra, una intensa actividad de inteligencia para identificar a los miembros de organizaciones de traficantes y equipos de fuerzas especiales para proceder, en el marco de una estrategia combinada, a capturas y neutralizar la acción de estas bandas de crimen organizado; acompañado esto último de estrategias de protección de la vida de los pobladores, con énfasis en los líderes y lideresas. Y esto como estrategia de mediano plazo, no puede ser acciones para presentar resultados de corto plazo.
Esto implicaría conseguir los recursos necesarios para financiar este proceso de sustitución voluntaria, que es costoso, no hay duda, pero que igualmente implica comprometer a los cultivadores en asumir con seriedad y compromiso el proceso de sustitución y de estabilizar los cultivos alternativos, incluidos los circuitos de comercialización –allí no pueden ser aceptables discursos justificadores-. Tienen razón los cultivadores que desconfíen del Estado y sus programas por los reiterados intentos fallidos del pasado, pero se trata de asumir en serio una estrategia de sustitución voluntaria.
Si se pretende solamente tener resultados de cortísimo plazo, para satisfacer las presiones del gobierno norteamericano de disminuir el área de cultivos, podemos estar seguros que eso será la reiteración de un fracaso anunciado, como lo ha sido en más de una ocasión en el pasado reciente.
