Esta semana concluimos el primer debate sobre la ley de justicia transicional. Aunque mucho se habla de las víctimas, pocos y vagos artículos se dedican a ellas. Por esa razón, luego de largas conversaciones con organizaciones, representantes y directamente con las víctimas, presentamos modificaciones al proyecto de ley, en dos temas centrales: su participación en los procesos judiciales y la consagración de medidas de protección para garantizar su seguridad.
Los derechos de las víctimas no pueden, desde su concepción, hacerse letra muerta, pues ellas son la columna vertebral del proceso de paz. Por eso, la intervención de las víctimas en los procesos de la jurisdicción de paz, debe ser activa y detallada. Esto con el fin de prevenir que se dilaten infinitamente los términos judiciales, y asegurar que los procedimientos sean ágiles y prosperen sin trabas. Esta fórmula no sólo satisface los derechos de las víctimas, sino que blinda jurídicamente el proceso. Si las víctimas cuentan con plena participación, difícilmente se podría sostener que el acuerdo, se aparta de estándares internacionales de justicia.
La segunda modificación que introducimos al proyecto se relaciona con medidas de protección. Las cifras son alarmantes: A la fecha se han registrado 186 casos de homicidios contra líderes sociales, desde el 1 enero de 2016 al 5 julio de 2017. El 60% de estos casos, se concentran en los departamentos de Cauca, Nariño, Antioquia, Cundinamarca, Norte Santander y Valle del Cauca.
Por esa razón, incluimos medidas concretas que los magistrados de la JEP podrán ordenar como por ejemplo: declarar audiencias públicas reservadas, proteger la identidad de las víctimas y permitir la presentación de testimonios y pruebas a través de medios electrónicos.
Finalmente, bajo el mismo espíritu de enriquecer el acuerdo, declaramos la importancia de que los máximos responsables de las FARC adquieran el compromiso de contribución a la verdad que claman las víctimas, antes de llegar al Congreso de la República y participar en política. Eso es lo mínimo que podemos esperar, quienes queremos transitar por la paz desde el respeto a la ley y a sus instituciones. Yo no olvido que mi primer compromiso, como presidente de la Comisión de Seguimiento a la Le de Víctimas del Senado, es velar porque estos derechos estén en el centro de la implementación y la discusión de los acuerdos.
