La gobernabilidad a diferencia de lo que muchos de nuestros mandatarios locales creen, es también un ejercicio de participación ciudadana, es decir, no se puede gobernar sin considerar la participación de sus gobernados, y sobre todo, sin considerar su opinión y acoplamiento a las decisiones que cambian su entorno, afectan su vida diaria, o transforman las reglas de su comunidad.
No se intenta decir que los alcaldes y gobernadores deben consultar todas sus decisiones, o que la democracia debe ser directa, por el contrario, se trata de utilizar una verdadera democracia representativa, que garantice la rendición de cuentas, y la participación de las más importantes decisiones de una administración, es procurar no convertir una victoria electoral en un ejercicio de democracia delegativa.
El éxito de los gobiernos locales no será la contundencia y dureza del liderazgo de una persona, sino su capacidad de gobernar de forma horizontal e incluyente con todos los ciudadanos.
El caso de Enrique Peñalosa es un ejemplo claro de esto, a pesar de sus intentos de mantener informadas a las personas de sus avances, logros o gestiones, a través de todo un canal de televisión (Canal Capital), de las redes sociales e incluso de publicidad en la calle y barrios, su popularidad y la percepción negativa sobre su mandato es inmensa.
Según la última encuesta de Invamer, el 76% de los capitalinos cree que la ciudad va por mal camino, y el 79,1% desaprueba el desempeño del alcalde; con esta información uno podría encarnizarse en un debate de los logros y fallas de los casi 4 años de esta segunda administración de Peñalosa, pero también es importante centrarse en la forma de comunicar, y sobre todo, en la participación ciudadana.
El alcalde además de invertir en medios de comunicación para intentar mostrar sus resultados se ha quejado recientemente de las decisiones judiciales, que dice se han prestado a la manipulación para detener varios de sus más importantes proyectos.
Se puede resaltar con esto la reciente parálisis de Transmilenio por la Séptima, obra de 2,4 billones de pesos, detenido por la Procuraduría y un juez, la del Ecoparque San Rafael, detenido por un juzgado administrativo de Bogotá, o la venta de la ETB hundida por el Tribunal de Cundinamarca, y claro, los tres casos han sido demandados por concejales, sindicatos o ciudadanos que se oponen a su alcaldía, pero este análisis va mucho más allá.
Como lo dice la Sentencia C-150 de 2003: “En la democracia participativa el pueblo no sólo elige sus representantes, por medio del voto, sino que tiene la posibilidad de intervenir directamente en la toma de ciertas decisiones”
El caso del Parque del Japón, que no era una obra de gran envergadura, demuestra la deficiencia de la alcaldía frente a la participación ciudadana, al final se firmó un acuerdo con 260 habitantes de la zona, pero no se llegó a un acuerdo que generara satisfacción en los vecinos de La Cabrera que han apoyado a las asociaciones que rechazan la destinación del parque, y la construcción de una cancha, sin contar con la tala de árboles.
¿Cómo es que la renovación de un parque vecinal se volvió en un lío de grandes proporciones en medios de comunicación y terminó por detener las obras?.
La verdadera participación ciudadana permite que los involucrados incidan en las decisiones de gobierno, no se limita al llenado de unas planillas de asistencia, busca arduamente a los que se verán afectados para construir con ellos, y deja de lado ese tufo de superioridad de los tomadores de decisiones, no acepta argumentos como: “Nosotros sabemos lo que es mejor para la ciudad, así los habitantes se opongan”, o “Toda manifestación ciudadana contra las decisiones en la ciudad es por un plan de la oposición”.
Reconocer a los actores que se ven afectados, y por lo tanto, deben ser involucrados en muchas de esas decisiones, desde la planeación, permite mitigar la lluvia de acciones legales, y las manifestaciones de rechazo a algo tan sencillo como renovar un parque vecinal.
Si un alcalde (como en este caso), construyera de la mano de los ciudadanos, se preocupara por comunicarse de forma efectiva y cercana, probablemente las mismas acciones legales de opositores para detener sus obras tendrían el rechazo ciudadano que las disuade a efectuarlas, o incluso el rechazo ciudadano cuando prosperan (eso sin contar con el hecho de realizarlas sin irregularidades o “metidas de pata” que provocan que esas acciones tengan éxito).
Comunicar de forma efectiva y crear espacios de verdadera participación ciudadana, son requisitos básicos que deberían tener en cuenta todos los candidatos de este año. Ignorarlo o creer que ganar para tomar decisiones es suficiente, es el primer paso para el desgobierno.
