Una de las características fundamentales de cualquier gobierno debe ser la disposición al diálogo y la concertación. De ninguna manera son sinónimos de debilidad, por el contrario son mecanismos que le permiten a todo gobernante recibir opiniones y puntos de vista coincidentes, pero también divergentes, independiente de que finalmente quien tiene el mandato para decidir lo haga y asuma la responsabilidad que toda decisión conlleva. El principio de autoridad no es imponer algo porque a alguien le parece, es lograr justamente que la decisión que se tome tenga el mayor nivel de legitimidad, es decir de aceptación, por quienes van a ser afectados por esa decisión.
En Políticas Públicas se plantea siempre la tensión entre quienes creen que una buena mirada técnica de un problema es suficiente para llegar a la buena decisión, que luego orientará la implementación de la misma, y quienes consideran que además de la mirada de los especialistas, es necesario confrontarlas con otras miradas, especialmente de los ciudadanos que han vivido o sufrido un problema, o quienes lo han gestionado de otra manera, porque es en ese intercambio de puntos de vista que se enriquecen las propuestas y se construyen concertaciones necesarias para la viabilidad política de las mismas.
Esto es más importante en un régimen presidencial como el nuestro, donde además tenemos una pluralidad de actores políticos en el Congreso que no permiten tomar decisiones sino es con grandes acuerdos. Allí el diálogo y la concertación deben ser el mecanismo fundamental del actuar político -que no se debe confundir con acuerdos para repartijas, de mala imagen en la opinión-. La política en todo el mundo es por esencia diálogo y concertación y es alrededor de estos que se van construyendo mayorías y minorías cuando no existe, como en el caso colombiano, partidos ampliamente mayoritarios y además disciplinados. En las actuales condiciones del Congreso colombiano es fundamental una disposición al diálogo y la concertación, de otra manera las iniciativas legislativas o de reforma constitucional no van a tener mucho futuro y pueden ser un proceso de desgaste político grande.
Está bien que un ministro determinado formule iniciativas de reformas -algunas veces más para la opinión que por tener viabilidad política-, por ejemplo la del Mindefensa sobre reglamentar la protesta social, o la del Minhacienda de hacer una reforma tributaria que grabe con IVA todos los productos de la canasta familiar, o de hacer un ‘Sisben para los ricos’, esas opiniones, pasado el impacto mediático, deben traducirse en proyectos de ley y entrar al proceso normal del trámite del Congreso, donde debe haber una gran disposición al diálogo y la concertación, para ver de lo propuesto que termina aprobándose en las comisiones constitucionales y en las plenarias, donde seguramente muchas de las iniciativas tendrán que ser modificadas o matizadas, para que logren los apoyos necesarios de las bancadas.
Igual puede suceder con el tratamiento de la conflictividad social, que seguramente aparecerá tarde o temprano; allí de nuevo, pretender simplemente imponer un punto de vista se puede chocar contra realidades sociales y políticas complejas. Por el contrario, la disposición al diálogo y la concertación siempre es una buena alternativa para gestionar ese tipo de situaciones que son normales en todo gobierno.
Ojalá la idea del Presidente de firmar ‘Pactos por Colombia’ refleje, más allá de la formalidad de algunos acuerdos, la disposición al diálogo y la concertación, como lo pide nuestra Constitución.
