La Alcaldía de Bogotá acaba de anunciar la segunda etapa del mal llamado programa de “democratización” del 20% de las acciones que posee en la antigua Empresa de Energía de Bogotá, hoy Grupo Energía Bogotá (GEB) que es la joya de la corona de las empresas distritales. Se trata de un proceso de privatización parcial de una empresa pública, que ha sido muy cuestionado no solo desde el punto de vista político sino también financiero.
La venta de acciones del GEB a unos pocos inversionistas se denominó con toda pompa “programa de democratización” para dar la ilusión de que se cumplía el mandato del artículo 60 de la Constitución que impone la obligación del Estado de promover el acceso a la propiedad mediante la democratización de la propiedad accionaria cuando venda empresas estatales.
Es cierto que la Alcaldía cumplió con todos los requisitos de la inútil Ley 226 de 1995, que reglamentó el citado mandato constitucional, pero la realidad comprobada en todas las privatizaciones hechas en los últimos 20 años es que esta Ley solo ha servido para traspasar las propiedades estatales a muy pocos accionistas.
Así sucedió con la venta del 24% de la propiedad de la entonces EEB en 2011. Hoy solo 5 inversionistas son dueños del 90% de esas acciones. De nada ha servido que se cumpla la exigencia de la Ley 226 de ofrecer las acciones en venta en condiciones especiales a los trabajadores y al sector solidario. En esta ocasión también se hizo una primera oferta a estos sectores, pero solo se vendieron el 0.2% de las acciones de la empresa porque no hay un mecanismo práctico que incentive la adquisición de acciones a los pequeños inversionistas.
Desde el punto de vista financiero este segundo tramo de la privatización del GEB a los precios ofrecidos es un mal negocio, como también lo fue el primero, porque la empresa es una de las que reparten mayores dividendos y además tiene grandes perspectivas de valorización por su portafolio de inversiones que incluye empresas como TGI donde hace 3 años obtuvo una millonaria utilidad con la recompra del 30% de las acciones. Por eso hay inversionistas privados con mucho apetito por comprar las acciones; si fuera un mal negocio para ellos no lo harían
Quienes compraron acciones de la EEB en 2011 han logrado una rentabilidad anual promedio al año del 15%, sumando tanto la valorización en el mercado accionario como los dividendos recibidos. Esta rentabilidad que obtuvieron los privados la dejó de recibir la ciudad de Bogotá Si el objetivo de la Alcaldía en ese momento era obtener recursos para su plan de inversiones, no hay duda que hubiera podido conseguir créditos con un costo equivalente a la mitad de esa rentabilidad.
Ahora también se busca justificar el mal negocio de vender las acciones del GEB por la necesidad de conseguir recursos para el programa de inversiones del actual alcalde, pero cabe una pregunta, pues al enajenar parte de su propiedad en la empresa los futuros gobernantes tendrán menos recursos para ejecutar sus propios planes: ¿es valido privar a los próximos alcaldes de los dividendos futuros de esas acciones? Es cierto que cada alcalde manda en su año y busca realizar su plan de desarrollo, pero no lo debería hacer disponiendo de un patrimonio que pertenece a todos los bogotanos –incluyendo las futuras generaciones.
