La apuesta política más importante del acuerdo de paz es resolver, lo que en su momento, el Presidente Belisario Betancourt denomino las “causas objetivas de la violencia política en Colombia” haciendo referencia a que mientras existieran altos índices de pobreza y miseria, falta de educación, falencias en el sistema de salud, elevados niveles de desempleo, y bajos niveles de cobertura de servicios públicos domiciliarios sería imposible resolver de fondo el conflicto armado en nuestro país.
Reconociendo lo anterior como un hecho irrefutable, el gobierno colombiano y la guerrilla de las Farc en el punto cuatro del acuerdo de paz, abordaron, “la solución al problema de las drogas ilícitas” en el siguiente sentido:
“Reconociendo que la persistencia de los cultivos está ligada en parte a la existencia de condiciones de pobreza, marginalidad, débil presencia institucional, además de la existencia de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico” (…) se deben buscar, entre otras, “nuevas opciones centradas en procesos de sustitución de cultivos de uso ilícito” (…) “con el fin de generar condiciones materiales e inmateriales de bienestar y buen vivir para las poblaciones afectadas por cultivos de uso ilícito, en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza” (…)
Como ocurre con toda política, “el papel lo aguanta todo”, lo que quiere decir que una cosa es la formulación (el compromiso de erradicar y sustituir) y otra la implementación (la ejecución en el territorio de la política de erradicación de cultivos ilícitos y sustitución de estos por cultivos de pancoger). Un reto monumental, pero al que como país le debemos poner el pecho, pues de eso depende poder construir la paz en el territorio, mejorando las condiciones de vida de quienes han padecido el conflicto en la Colombia profunda, aquella que fue protagonista de la guerra en nuestra nación.
Por ello resulta consternarte y evidencia el desafío, lo ocurrido en Tumaco (Nariño) pues en días recientes, “durante una protesta de cocaleros contra la erradicación de cultivos ilícitos fueron asesinadas seis personas, posteriormente aparecieron muertos dos indígenas awá y un líder social”. Tumaco es una ciudad cuya población ha vivido directamente la violencia, actualmente es el municipio con mayor afectación de cultivos ilícitos en el país, con 23.148 hectáreas que representan un 16 % del total de producción ilegal en Colombia. Una región donde se está presentando una guerra entre dos disidencias de las Farc: la de alias ‘Guacho’ y las Guerrillas Unidas del Pacífico de alias ‘David’ que quieren copar ese territorio y en donde según un informe de la Cámara de Comercio de Tumaco (2015) “el 48,70% de la población del municipio tiene necesidades básicas insatisfechas”. En este municipio convergen todos los desafíos que el Estado debe afrontar en el post conflicto, por eso lo que ocurra ahí, es un buen termómetro de la capacidad de la institucionalidad para cumplirle a las comunidades sus expectativas frente a la paz.
El estado debe copar el territorio, no solo a través de la presencia efectiva de la fuerza pública, para evitar que disidencias de las Farc o bandas criminales se establezcan en esos lugares, sino también con su componente social e institucional, como dice el Vicepresidente Óscar Naranjo: “debemos priorizar los territorios que vivieron el conflicto a través de proyectos de desarrollo que deben consistir en llevar servicios como vías terciarias, electrificación rural, pero también generar proyectos productivos agrícolas para transformar la vida de los campesinos”.
El gobierno viene siendo muy efectivo en el propósito de erradicación de cultivos ilícitos, lástima que no se puede decir lo mismo, del componente social de esa medida, que es la sustitución, para darles una alternativa legal de generación de ingresos a las familias. El Estado debe meterle el acelerador a la sustitución por que es esta política la que representa una solución de fondo, el resto es carreta. Por eso afirmo que la paz de Colombia pasa por lo que ocurra en Tumaco.
