A pesar de que las elecciones regionales del 2015 fueron registradas como las más seguras y pacíficas de la historia, el panorama es totalmente diferente para las de este año. Al impactante y sanguinario asesinato de Karina García, candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, se suma la de otros seis candidatos: Silvio Alonso Álvarez (Versalles, Valle), Nelson Enrique Gaviria (Betania, Antioquia), Yeison Obando (Suárez, Cauca), Luis Eduardo Caldera (San Jacinto, Bolívar), Orley García (Toledo, Antioquia) y Bernardo Betancurt (Tibú, Norte de Santander). A sus familias toda mi solidaridad.
En la alerta temprana No. 035 la Defensoría del Pueblo advirtió sobre el riesgo electoral en 402 municipios y 16 áreas no municipalizadas, por presencia del ELN, EPL, Autodefensas Gaitanistas de Colombia, disidencias de las FARC, grupos armados ilegales y otros grupos armados no identificados y grupos delictivos organizados. Esta situación impide un ejercicio político seguro y pone en grave riesgo las instituciones democráticas, una de las principales causas del conflicto armado colombiano.
En un debate de control político sobre la seguridad de los candidatos del proceso electoral 2019, donde intervino como citado el director de la Unidad Nacional de Protección UNP, Pablo Elías González, el Senador Mauricio Gómez señaló: “escuchamos a la pobre viejecita de la UNP decir que no tiene plata, no tiene la capacidad ni cómo defender a tantos candidatos”. Y puntualizó que si no puede hacer bien su trabajo “renuncie y deje que otro lo venga a hacer mejor que usted”.
Desconoce el Senador Gómez que en un debate el 21 agosto en la Comisión Segunda de la Cámara, el Ministro de Defensa afirmó que se están tomando medidas de prevención y se creó un cuerpo élite de la Policía, porque la UNP sólo tiene un billón de pesos de presupuesto, del cual, el 60% es para protección, que es insuficiente para atender todas las necesidades de seguridad.
No es el momento de acusar tendenciosamente al director de la UNP y descalificar su trabajo. Por el contrario, hay que reconocerle que con limitaciones financieras y físicas ha hecho una gran labor para garantizar la protección de aproximadamente 8.500 personas. Y como si fuera poco, para atender nuevas solicitudes de protección; modificar esquemas de seguridad; resolver las reclamaciones laborales de los escoltas; realizar estudios de seguridad y otras tantas labores logísticas y administrativas.
Invito al Senador Mauricio Gómez que desde el Congreso, apoye la labor de un director de la UNP que hace lo que puede con lo poco que tiene. La responsabilidad política ante el Congreso la deben asumir los ministros de interior, defensa y hacienda. De ellos dependen los medios con los que pueda contar el doctor González.
La entidad que protege la vida de miles de líderes sociales, personas amenazadas y en riesgo de ser asesinadas, no puede convertirse en el botín clientelista de politiqueros desalmados que pretendan apoderarse de su burocracia y contratación.
