En algunas de mis columnas pasadas he hablado de la necesidad de que en el mundo en general y en Colombia en particular, hagamos un nuevo contrato social que sirva de referencia para la humanidad.
En recientes noticias escuchamos las declaraciones que dio alias Otoniel a la JEP en las que involucraba a diversos actores de la vida política, económica, militar y empresarial del país como miembros del clan del Golfo.
En las noticias de los diarios y noticieros se mencionan las distintas acciones violentas que este grupo subversivo está perpetrando en 88 municipios de 9 departamentos del país, como represalias por la extradición de su jefe natural Dairo Antonio Úsuga David.
Este panorama no es ajeno a otras noticias en las que se ha mencionado también a importantes personalidades del país vinculadas con paramilitares, narcotraficantes y otros grupos al margen de la ley.
En un país en el que escasean los valores, en el que una parte de la sociedad y algunos funcionarios públicos son corruptos, ¿cómo podremos lograr la paz y la gobernabilidad, si hay intereses que están por encima de los principios nacionales en su búsqueda por el bien común, el desarrollo, la calidad de vida, y la justicia social?.
La ONU en un artículo del diario El Tiempo del domingo 7 de mayo titulado La oportunidad que tiene Colombia es también una oportunidad para el mundo, propone una Agenda Común por el país. Recomienda plantar la base de un nuevo contrato social.
Las Naciones Unidas sugieren aprovechar este contexto electoral para transformar las relaciones entre el Estado, la sociedad, el mercado y el medioambiente, y sembrar las bases de un nuevo contrato social enfocado en no dejar a nadie atrás.
Lo que debemos preguntarnos es cómo sacar a algunos colombianos de su área de confort en la que se han venido encontrando durante años y en la que el delito y la corrupción son su denominador común, y cómo mostrar el ejemplo y fortalecer el Estado de Derecho para que la legalidad sea un estilo de vida.
Debemos aunar esfuerzos para rescatar la confianza, la solidaridad y la capacidad de transformación que tiene el país en beneficio de una nueva relación entre los gobernantes y los gobernados, en crear una institucionalidad más fuerte e incluyente con unas reglas de mercado y un sistema social más justo que piense en sacar de la miseria a una gran número de connacionales.
Los desafíos que tenemos hoy son urgentes, no solamente en términos de salubridad pública con el Coronavirus y otras epidemias que van surgiendo en la medida en que el cambio climático aumenta, sino en métodos que hagan viable el pago de la deuda externa del país sin sé que ahorque a la clase media que es la que sostiene el Estado, en tecnologías al servicio del campesino y del desarrollo del país, en educación que enseñe a pensar con un sentido crítico, creativo y constructivo.
Como lo mencioné en mi libro Crónicas de juegos y maquinaciones políticas, Colombia tiene los recursos naturales, las condiciones y una riqueza medioambiental que nos permitirían posicionarnos en el contexto internacional, y a la vez cumplir con los nuevos derroteros del mundo actual relacionados con el cambio climático, la protección de los ecosistemas y la biodiversidad en general.
La invitación es a que, en lugar de generar más violencia, odios y polarización política en la actual contienda electoral, se convoque a todos los candidatos presidenciales a que hagan entre todos ese nuevo contrato social incluyente.
