El principio fundamental para la democracia de separación de poderes se encuentra en nuestro país, consagrado en la Constitución de 1991. Es así como el artículo 113 señala: “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva, y la judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e independientes para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero, colaboran armónicamente para la realización de sus fines”.
El fin de esta institución democrática es limitar el poder y así evitar su concentración en una sola rama, de tal forma que se garantice el goce de los derechos y libertades que se estipulan y se defienden en un estado social de derecho como el nuestro. Sin embargo, durante los últimos meses ha brillado por su ausencia la rama legislativa -Congreso de la República- en temas estructurales, como el control político a las acciones del gobierno en la emergencia por el COVID19 y en la confrontación violenta que tiene al país sumido en una crisis que no vivíamos hace muchos años: la función de la policía, la reglamentación de la protesta y las muertes violentas.
Debido a la omisión del Congreso de la República en legislar y en tomar decisiones que pueden tener costo político y que podrían llegar a afectar sus caudales electorales, le ha tocado a la rama judicial (Corte Constitucional y Corte Suprema) fungir como el senado o la cámara de representantes. Esto ha dado lugar a que las tensiones y enfrentamientos entre la rama ejecutiva -gobierno- y las altas cortes haya llegado a tal punto, que tomar una decisión en derecho es considerado por la opinión, por el partido de gobierno y hasta miembros de éste, como “una corte de las FARC” y se señalen a los magistrados como “FARCMAGISTRADOS”, comunistas, etc. Nos pretenden arrastrar a ese pasado tenebroso, lleno de odio, fanatismo, sectarismo, a la violencia más cruel, sanguinaria que este país conoció, y que si no reaccionamos como verdaderos seres humanos y ciudadanos, perderemos nuestra dignidad, libertad. democracia y hasta la propia vida.
De esta forma, la falta de acción adecuada del Congreso de la República rompió el equilibrio de poderes y puso a la rama judicial como opositor del gobierno, cuando su fin es hacer cumplir las leyes y proteger los derechos de la ciudadanía. Lo comentado no puede seguir ocurriendo y es el Congreso el encargado de ejercer el control político, legislar y velar por los derechos de quienes los eligieron, su jefe, el pueblo soberano, en unas elecciones libres y democráticas.
