Comienzo estas reflexiones señalando que desde el Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional, hemos apoyado y seguimos apoyando la construcción de paz, pero es necesario hacer unas precisiones.
Primero, el Acuerdo del Gobierno Santos con FARC, no era la terminación del conflicto armado; es uno más de los esfuerzos, iniciados en el Gobierno de Virgilio Barco con las guerrillas del M-19, EPL, Quintín Lame y PRT, seguido por el Gobierno de César Gaviria con la Corriente de Renovación Socialista, por el Gobierno de Álvaro Uribe con las AUC. Es decir, una negociación ‘parcelada’ porque esa ha sido la realidad de los grupos alzados en armas. Queda pendiente llegar a acuerdos con el ELN y decidir igualmente la política con los remanentes del EPL.
Segundo, eso significa que el conflicto interno armado no ha concluido y que hay que valorar las nuevas realidades del mismo; esto se refleja en lo que las últimas semanas han mostrado: el condenable secuestro y asesinato de periodistas ecuatorianos por disidencias de las FARC que operan en la frontera entre Colombia –Departamento de Nariño- y Ecuador; atentado de Bacrim contra una patrulla de la Policía en el Urabá; enfrentamientos entre el ELN y el EPL en el Catatumbo; secuestros del ELN en Arauca; atentado contra la Fuerza Pública en el Guaviare por disidencias de las FARC.
Tercero, claramente, si bien la intensidad del conflicto armado interno disminuyó con los acuerdos con las FARC, está lejos de haberse terminado. Pero igualmente es verdad que parecen darse mutaciones del conflicto armado que es necesario analizar: un ELN que todo indica ha venido creciendo y expandiéndose, en menos proporción, pero igualmente ha sucedido con el EPL; las disidencias de las FARC parecen estar en proceso de fortalecimiento; el llamado Clan del Golfo y otros grupos de crimen organizado, denominados Bacrim, se enfrentan cada vez más con el Estado.
Cuarto, es necesario reconocer que ha existido deficiencia por parte del Estado colombiano y de su Fuerza Pública en ser capaz de copar los territorios en los cuales las estructuras de las FARC hacían, en cierta medida presencia y control, lo cual fue una oportunidad desaprovechada; siguió primando la mirada de la ‘guerra fría’ de ver en cada poblador de los territorios potenciales enemigos y así no se gana legitimidad de la sociedad en el Estado y por supuesto la ineficiencia e incapacidad de gestión del Estado en su cara civil –la presencia y construcción del Estado no es sólo la presencia de la Fuerza Pública, aunque ésta sea la vanguardia-. Adicionalmente, los déficits de cumplimiento por parte del Estado en la implementación de los acuerdos con las FARC –incluido lo relacionado con la sustitución de cultivos de coca-, han favorecido el que en los propios miembros de base de las FARC se debilite su confianza en los mismos.
Quinto, nuevamente y como en el pasado, aunque bajo nuevas circunstancias, el conflicto armado se ha ‘derramado’ hacia nuestros vecinos –ahora dramáticamente a Ecuador-, con lo cual debemos aceptar que desafortunadamente seguimos ‘exportando’ inseguridad y no es claro que se haya podido construir la suficiente confianza y cooperación con la Fuerza Pública ecuatoriana para actuar de manera coordinada frente a un problema que crecientemente nos afecta a los dos países, el narcotráfico. Se requiere una acción conjunta sin las acciones desacertadas de la política unilateral colombiana del pasado.
