No hay duda que con frecuencia es necesario reiterar la importancia de los principios de base y los procedimientos de funcionamiento del régimen democrático y cobra especial importancia en contextos como el actual en que se levantan voces contra las elecciones del Defensor del Pueblo y de la Procuradora en cabeza de candidatos nominados por el Ejecutivo –pero igualmente hay otras opiniones que nos recuerdan que esa ha sido la tradición de los últimos presidentes-. Es claro que se debe abrir un margen de espera en relación con estos elegidos, hasta cuando comiencen a desarrollar su gestión, porque de otra manera se estaría prejuzgando su futura acción por el solo hechos de que su postulación provenga del ejecutivo, como lo prevé la Constitución.
Uno de los principios del régimen democrático es la separación de poderes del Estado, sin embargo, los procedimientos establecidos para nominar altos funcionarios del Estado no propician este principio; el ejecutivo no debería nominar ningún candidato a Procurador, ni a Defensor del Pueblo, si se quiere garantizar el origen independiente de estos funcionarios; pero no es lo que establece la norma actual. Igualmente el principio de mayoría y el respeto a la minoría es un principio fundamental de una democracia y esto no puede ni debe ser solamente nominal, sino real; a pesar de la conquista democrática que significó el Estatuto de la Oposición, se trata de que con talante republicano los gobernantes escuchen las demandas y quejas de la oposición, pero especialmente que pongan todo el empeño en garantizar sus vidas, con lo cual se sustenta la vigencia constitucional de primacía de los Derechos Humanos.
Igualmente es fundamental el principio de alternancia en el poder, que a algunos con razón preocupa por la incertidumbre en los cambios de las estrategias y políticas públicas; esto sería solucionable si las principales fuerzas políticas –que son una de las expresiones del pluralismo político- lograran acuerdos acerca de qué estrategias de desarrollo económico y social y de orden político deberían garantizarse más allá de quién triunfa en los debates electorales –algo similar a lo que Álvaro Gómez Hurtado siempre planteó como el Acuerdo sobre lo Fundamental-. Hemos avanzado en la subordinación del poder militar y policial a los gobernantes civiles democráticamente electos, pero el que persistan los perfilamientos de civiles o militares que se salen del control de las autoridades, así como la estigmatización, plantean serios interrogantes que ponen en duda el principio de las libertades públicas garantizadas por el Estado.
La solución institucional y pacífica de los conflictos y la regulación de la violencia son presupuestos fundamentales de una democracia, lo que no significa que el Estado debe aceptar incondicionalmente lo que quieran los grupos contestatarios, pero sí crear mecanismos y procedimientos que así lo permitan, dentro de reglas razonables que establezca el Estado. No hay duda que allí son fundamentales miradas serias y realistas de parte de funcionarios públicos con el apoyo de instituciones soberanas como la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
Ojalá este debate en la sociedad no solo sirva para que se propicien reformas en la Justicia, que tendrían que ver con estos cambios y otros similares, sino también que sean un estímulo para que los nuevos funcionarios recién elegidos asuman el cumplimiento de sus funciones de prevención, intervención y control bajo estrictos criterios de independencia y autonomía, para que así contribuyan a fortalecer nuestra democracia y no sujetas a pequeños apetitos burocráticos o atadas en razón del origen de su postulación y elección.
