Muchos estuvimos en desacuerdo en que el tema de Fuerza Pública estuviera en la agenda de conversaciones entre el Gobierno y las FARC –el Gobierno siempre se opuso a esa posibilidad, debemos reconocerlo-, pero igualmente planteamos públicamente, que una vez se concluyera el Acuerdo de Paz había que asumir, en otro escenario pero con participación social, una reflexión acerca de las Fuerzas Armadas que requerimos para esta nueva etapa de nuestra vida republicana –no la podemos denominar de pos conflicto, pero sí de pos acuerdo con la guerrilla más numerosa y que tuvo una gran capacidad de daño-, cuáles sus nuevos roles y misiones, su doctrina, organización y demás aspectos. Partiendo de la base que la Fuerza Pública son un conjunto de instituciones fundamentales para nuestra sociedad –son las responsables de garantizar los monopolios clásicos del Estado moderno, especialmente el de la coerción física legítima, en el marco establecido por la Constitución y la ley, así como el control del territorio- y en esa medida deben gozar del afecto y respeto de todos los ciudadanos.
Los últimos meses se han producido una serie de hechos, absolutamente condenables –que todos conocemos y no tiene sentido volverlos a enumerar-, que le dan justificaciones adicionales a esta importante tarea. Esto no se debería resolver solamente con ciertas ‘frases de cajón’ de altos funcionarios, o expidiendo a las volandas un decreto o una reglamentación. Es la oportunidad para iniciar el necesario proceso de reflexión y de repensar nuestras Fuerzas Armadas –su doctrina, su organización, sus tareas, el servicio militar obligatorio, la educación militar, para sólo mencionar algunos-; proceso que debería ser coordinado por el Ministro de Defensa bajo la orientación del Presidente, pero involucrando tanto la reflexión interna que es fundamental, como las miradas externas –de exministros claro que sí, pero también de oficiales de la reserva activa, académicos, dirigentes gremiales y sociales y de especialistas internacionales, entre otros-. Por eso hemos dicho, se trata de un proceso, no de un evento ocasional, sino de una reflexión que quizá lleve por lo menos unos ocho meses, pero que permita al final del ejercicio, contar con elementos suficientes para que los responsables de tomar las decisiones –trátese de reformas legales, decretos, reglamentos-, procedan a actuar en esa dirección.
Lo anterior no significa poner en la ‘picota pública’ a unas instituciones que son fundamentales para nuestra sociedad, sino aprovechar la coyuntura para iniciar el necesario proceso de poner al día los elementos fundamentales de nuestras Fuerzas Armadas, no para buscar un ‘chivo expiatorio’ sino con un objetivo fundamental, que es un pendiente: iniciar la gran reforma de las Fuerzas Armadas para el Siglo XXI. Esto es una necesidad fundamental en un mundo cambiante, donde los riesgos y amenazas a la seguridad nacional, pública y ciudadana, cambian a gran velocidad, donde los aspectos de la globalización igualmente impactan y de manera muy fuerte este campo de la seguridad y la defensa; donde los temas regionales igualmente tienen una gran sensibilidad en este campo.
Todo lo anterior, porque no podemos permitir que las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública en general se deslegitimen, porque una sociedad democrática requiere justamente unas Fuerzas Armadas eficaces y eficientes, que le garanticen a todos los sectores sociales y a todas las fuerzas políticas las condiciones para una convivencia respetuosa dentro de la diferencia –en una democracia no existen los ‘enemigos internos’, lo que pueden existir son ciudadanos que infringen la ley y las autoridades militares y policiales deben detenerlos y colocarlos a disposición de los jueces-, pero donde igualmente todos los ciudadanos las miren y valoren con respeto y afecto.
