El diseño y funcionamiento del sistema judicial colombiano no satisface la demanda ciudadana de justicia. Padecemos una obsesión permanente de criminalizar la conflictividad social. El “populismo punitivo” es la salida política efectista y escapista preferida que permite a los gobiernos desconocer la realidad, evadir la responsabilidad de enfrentar el hambre, la pobreza, la marginalidad y la exclusión. En Colombia expedimos estatutos, establecemos delitos y fijamos penas extravagantes que resultan menos costosos que proveer servicios públicos, construir escuelas, centros de salud; o implementar políticas sociales contra el hambre y el desempleo.
Estamos en una flagrante contradicción con el espíritu de la Constitución de 1991 que se rige precisamente por el principio de un estado social democrático de derecho. Es por ese motivo que hoy resulta fundamental formular una política criminal en línea con las recomendaciones de Naciones Unidas que se resume en la premisa: “la más efectiva política penal es la política social”.
El nuevo gobierno de Gustavo Petro tiene la oportunidad de presentar en los seis primeros meses de administración, una reforma integral que apunte a satisfacer la demanda de justicia y que tenga en cuenta para ese fin, una justicia profesionalizada, sin cooptación y presupuestalmente independiente.
Las escandalosas tasas de impunidad tienen origen también en la política de seguridad ciudadana. Una política esencial para salir del estado de cosas actual en el que la Policía responsabiliza a la Fiscalía y a los jueces y estos a aquella. Lo anterior no significa desconocer la obligación que tiene el Estado en la persecución, acusación, juzgamiento y sanción del crimen.
Transformar integralmente los organismos de control, garantizar su independencia, carácter técnico, efectividad, despolitización y desclientelización, como lo afirma Alfonso Gómez Méndez, amerita un capítulo central en la reforma. Eliminar la Procuraduría General de la Nación, para dar paso a una Fiscalía especial anticorrupción con equipos de fiscales especializados, policía judicial, tecnología en cooperación con jueces y con dedicación exclusiva a desmantelar sofisticadas redes de corrupción, es una propuesta acertada que impulsamos desde la pasada campaña. La Procuraduría es una institución de vocación monárquica, con funciones redundantes, politizada y prisionera del clientelismo. Resulta absurdo, además, que los electores del Procurador General sean juzgados por él. Celebramos que el presidente electo haya recogido esta propuesta; y que se corrija una falla institucional que tiene en buena parte su origen en la Constitución de 1991.
La reforma a la justicia puede ser el corazón, el núcleo fundamental de la propuesta del presidente electo Gustavo Petro para un Acuerdo Nacional o un Pacto de Estado.
