Más allá de controversias coyunturales, lo cierto es que tenemos de nuevo un resurgir de distintas expresiones de violencia a nivel territorial y que ojalá pudiéramos tener una visión compartida para enfrentarlas. Intentemos un breve ejercicio explicativo.
Tenemos un rezago del conflicto armado expresado en el ELN, con el cual no parece haber por el momento expectativa realista de volver a una mesa de conversaciones –aunque no debemos descartarlo, si por algún factor esta organización tuviera un momento de realismo y entendiera que esa sería la opción viable para ellos, por supuesto dando señales con hechos incontrovertibles de su decisión en esa dirección-, pero la Fuerza Pública debe seguir teniéndolo como un riesgo de seguridad y preparar como enfrentarlo. Por otro lado, tenemos grupos como lo que queda del EPL –lo que algunos denominan ‘los pelusos’-, las llamadas ‘disidencias’ de las extintas FARC, donde parece haber ‘de todo como en botica’, es decir grupos claramente ligados a explotación de rentas ilegales, especialmente narcotráfico, pero también algunos que podrían mantener una cierta vocación política –quizá los menos-, pero eso debe avanzar inteligencia en precisarlo, para poder decidir una estrategia acerca de cómo enfrentarlos.
Es claro y eso no se puede perder de vista, que en procesos de terminación de conflictos armados, siempre van a existir unos grupos disidentes o remanentes y mucho más en un caso como el nuestro, donde existen una serie de rentas ilegales –cultivos de uso ilícito y narcotráfico, explotación ilegal de rentas mineras de diverso tipo, explotación ilegal de derivados del petróleo, etc.-, que es una tentación para que grupos políticamente débiles sean seducidos para continuar en estas actividades delincuenciales.
Adicionalmente tenemos una serie de grupos de crimen organizado, algunos herederos de los antiguos paramilitares o de sus sucesoras las bandas criminales, quienes tienen como actividad fundamental explotar o captar rentas ilegales, especialmente de la actividad del narcotráfico y de la minería ilegal y sobre los cuales hay bastante conocimiento acerca de su forma de operar, cómo construyen los apoyos locales –que los tienen- y cuáles son sus zonas de operación.
Por supuesto, están los ‘enviados’ de carteles de crimen organizado internacional, que es probable en la mayoría de los casos utilicen los grupos locales como contratistas subordinados en su actividad criminal.
Estos distintos actores de violencia se entremezclan en su actuar, en algunos regiones se enfrentan entre sí por el control de las actividades delincuenciales, en otras pueden cooperar dentro de la cadena de ciertas actividades delictivas; es decir, en los territorios el escenario es muy complejo. Igualmente hay que decir que todos estos distintos actores, por razones diversas en un ejercicio detestable y condenable de ‘justicia por mano propia’, son los que han estado asesinando a los líderes y lideresas sociales y a los reincorporados de las FARC.
A esto debemos adicionar, porque así lo evidencias estudios de regiones, que en algunos casos se presentan casos de corrupción de miembros de la Fuerza Pública –ya sea para cooperar o simplemente para omitir cualquier acción de control-, todo lo cual complejiza la difícil realidad. Pero una razón de peso es la ausencia del Estado en muchos de esos territorios, o una presencia simplemente simbólica, porque no cumplen el rol de regulación que deberían hacer.
La Fuerza Pública tiene una experiencia acumulada y un conocimiento de esta realidad delincuencial y esperaríamos que diseñen y ejecuten las estrategias adecuadas, que utilicen intensamente la capacidad de inteligencia y contrainteligencia, rotación periódica de los contingentes y así pueda progresivamente ir teniendo mejores resultados, porque es conocido: todo vacío de regulación social tiende a ser llenado.
