Es verdad que el acuerdo de terminación del conflicto armado con las Farc implicó la eliminación de un actor estratégico de inseguridad en nuestro país, con efectos positivos para el panorama de la confrontación armada. Pero igualmente es verdad, que queda un actor del mismo, como lo es el ELN, que si bien no tiene la misma capacidad militar de producir daño, actúa como un factor importante de inseguridad, lo cual nos lleva a señalar que no hay todavía una terminación del conflicto armado, pero adicionalmente el panorama de inseguridad se ha complejizado con la emergencia de nuevos factores de inseguridad y la irrupción cada vez mayor de una criminalidad organizada transnacional.
A esto ha contribuido de manera fundamental la expansión de los cultivos de coca en varios territorios del país, la continuidad de modalidades de minería ligada a actividades criminales y otros tráficos ilegales de carácter transnacional -de múltiples países porque el crimen no tiene fronteras- Pero la novedad es la presencia cada vez más evidente de actores ilegales del crimen transnacional, dandole unas características diferentes a la amenaza que los mismos representan.
Claramente las Farc como actor armado, con todo lo que ello conlleva, desapareció y cualquier otra agrupación remanente se trata de modalidades diversas de crimen organizado. Es un poco fantasioso hablar de ‘refundaciónes’ de FARC o creación de grupos con algún tipo de motivación o justificación política. Pero evidentemente hay grupos remanentes, que pueden denominarse como grupos de crimen organizado, en su mayoría ligados a la actividad del narcotrafico, tanto al cuidado de los cultivos de coca, como a otros tráficos ligados a ese negocio criminal. Eso no significa que la mayoría de los campesinos que persisten cultivando coca en territorios del pais, sean criminales, normalmente se trata de pequeños campesinos que no tienen otras opciones productivas y allí debemos decir que la política del Estado colombiano de sustitución ha sido, por decir lo menos, insuficiente y poco eficaz, reconociendo los esfuerzos realizados; en eso la política del Estado debe ser cuidadosa en diferenciar a los productores campesinos, de los grupos organizados para proteger y beneficiarse del tráfico de los narcoticos que de allí se derivan. Similar situación se debe realizar con la actividad propia de mineros artesanales, en muchos casos con una tradición ancestral y los grupos criminales que pretenden controlar esos negocios y beneficiarse de los mismos en sus actividades delincuenciales.
Buena parte de la explicación de muchos de los crímenes y amedrantamientos a los líderes sociales se asocia a las actividades de estos grupos criminales en los territorios, que actúan como grupos sicariales para eliminar a luchadores por la tierra, líderes que apoyan los procesos de erradicación de la coca, o que defienden intereses de comunidades que han sido atropelladas en sus territorios.
Por ello la seguridad, como lo ha expresado el Presidente electo, debe ser una prioridad de su Gobierno y probablemente debe tener tres ejes fundamentales, una política clara y contundente de sustitución de cultivos de uso ilícito -en lo cual juega un papel central la construcción de Estado en los territorios-, continuar una lucha frontal contra las estructuras de crimen organizado, más allá de si se trata de grupos remanentes de FARC o no, aunque siempre dejando abierta la posibilidad de sometimiento a la justicia de los mismos, y una política de seguridad ciudadana que ataque en los ámbitos urbanos las proyecciones de estas actividades de crimen organizado.
