Es necesario seguir reflexionando acerca de la importancia y la prioridad de los retos de seguridad, pese a que son evidentes los beneficios en ese campo que se derivaron de la desmovilización de las FARC en términos de disminución sustancial de secuestros, homicidios, miembros de la fuerza publica heridos o muertos, personas afectadas por minas anti-personas, esto no tiene discusión. Pero ello no significa que no sigan existiendo desafíos de seguridad pública que afectan los territorios -caso la frontera con Ecuador, o el Catatumbo en la frontera con Venezuela- y desafíos de seguridad ciudadana.
Esto tiene que ver con un hecho sustancial; la firma del acuerdo de terminación del conflicto armado con FARC, no es la finalización del largo y crónico conflicto armado interno, sino un avance más en esa lógica de ‘paz a pedazos’ que ha caracterizado la estrategia colombiana -por la existencia de múltiples actores insurgentes con diversas orientaciones políticas y con rutas de acción diversas-. Sigue pendiente resolver el tema del ELN e igualmente una definición acerca de los remanentes del EPL; están las disidencias de las FARC, con características diversas; adicionalmente existen grupos de crimen organizado, llámense Bacrim (bandas criminales) o GAO (grupos armados organizados) o cualquier otra denominación que el Estado defina para efectos de precisar si es o no posible enfrentarlos con las Fuerzas Militares.
Hoy tenemos como riesgos de seguridad pública los siguientes actores: los actores del conflicto armado, siendo el ELN, un actor clásico del mismo; los remanentes del EPL y un sector de las disidencias de FARC. En el campo del crimen organizado están las bandas criminales y un sector de las disidencias de FARC, ligados fundamentalmente al circuito del narcotrafico y la explotación de rentas ilegales -minería ilegal, tráficos ilegales diversos-.
Todo esto lo posibilita la ausencia o precaria presencia del Estado en los territorio de la Colombia profunda -la Costa Pacífica, el Catatumbo, buena parte de la Orinoquia y la región amazónica- donde el Estado central sigue siendo percibido como un cuasi extraño y la mayoría de gobiernos regionales son tremendamente débiles y en esa medida con casi ninguna capacidad para enfrentar la magnitud de los desafíos. Al respecto debemos decir que esa ausencia del Estado es la causa fundamental de la proliferación de los cultivos de uso ilícito y la incapacidad de regular actividades, en ocasiones ancestrales como la minería, o controlar los tráficos ilícitos. Pero adicionalmente eso también explica la ausencia de opciones de desarrollo y de ingresos para los pobladores de esos territorios y la consiguiente deslegitimacion del Estado y de lo institucional.
La respuesta del Estado, por lo tanto debe cuidarse de la tentación de creer que la opción casi única es ‘inundar’ de presencia de Fuerza Pública determinados territorios; la acción de seguridad, que es fundamental, debe estar orientada por una inteligencia profesional -no ideologizada-, pero especialmente se deben desarrollar estrategias de mediano plazo de construcción de Estado en los mismos, para lo cual construir legitimidad es la base, acompañadas de estrategias de desarrollo económico, social, cultural y político y que el sector privado acompañe también con inversiones generadoras de emprendimientos económicos y de empleo.
Adicionalmente debe haber unos lineamientos de política de seguridad ciudadana que oriente y complemente la tarea de los gobiernos locales y un apoyo del nivel nacional si se requiere.
