Los ciudadanos tienen el derecho legal y constitucional de protestar. Y el Estado tiene la obligación de garantizar este derecho, incluyendo evitar el vandalismo y asegurándose que sus agentes no infiltren las marchas para causar desórdenes. La función de la Policía es proteger a los marchantes y garantizarles su seguridad.
Los colombianos, en su mayoría, han dicho estar de acuerdo con la protesta social el 21 de noviembre, por la sencilla razón de que sí hay situaciones que están afectando su calidad de vida y su seguridad.
Un primer motivo es que se ha desatado una ola de violencia que le ha costado la vida a centenares de líderes sociales, que han acogido la vía de la paz y la reclamación institucional de sus derechos, pero a cambio han recibido un ráfaga de balas, sin que el gobierno haya hecho lo suficiente para detener la masacre, a pesar de los ruegos de las familias, el reclamo de las organizaciones civiles y el señalamiento de los organismos internacionales.
Un segundo motivo, es el recrudecimiento de la pobreza en Colombia y el incremento paulatino del desempleo. Frente a los dos problemas el gobierno del presidente Duque no tiene políticas definidas para hacerle frente, al punto que los niveles de hambre han crecido desproporcionadamente, por ejemplo.
La falta de oportunidades para los jóvenes, es otra situación que crea las condiciones para reclamarle al gobierno nacional una política seria y contundente. No es posible que el 13% de los hombres y el 22% de las mujeres menores de 25 años, estén desempleados, y que una fracción muy alta de ellos sea profesionales, tecnólogos o técnicos. Y que alrededor del 75% de quienes están ocupados, lo hagan en la informalidad.
Otro motivo, es la incredulidad de los colombianos frente a su futuro laboral y pensional. Los mensajes que ha enviado el gobierno, el jefe del partido de gobierno y los empresarios más cercanos a la administración, es que se impondrán nuevas formas de contratación, desaparición del salario mínimo, afectación al subsidio familiar y modificaciones a la seguridad social. Además, la amenaza constante de acabar con el régimen de prima media y la promoción de un sistema pensional privado injusto. El presidente Duque ha intentado desmentir lo que sus ministros y su jefe político han dicho, para apaciguar la protesta social, pero la gente no le cree, porque se ha vuelto costumbre en él mentir.
Muchos otros colombianos saldrán a la calle a protestar por el incumplimiento de la palabra del presidente Duque frente al fracking. Su reiterado anuncio en campaña de liderar una posición en contra de esta técnica ampliamente cuestionada en gran parte del mundo, la cual cambió una vez se posesionó, fue un detonante para que su credibilidad cayera y aumentara el desencanto frente a él y se creara una barrera social para impedir que el fracking y la explotación minera en zonas de páramos afecten la calidad del vida de las personas por la contaminación del agua, principalmente.
Miles de ciudadanos saldrán a las calles para gritarle al presidente Duque que la inseguridad se tomó los campos y las ciudades, sin que las autoridades trabajen lo necesario para contener fenómenos recurrentes como el atraco, el raponazo, el secuestro exprés, los paseos millonarios y el asalto a residencias.
Hay colectivos que están indignados porque el gobierno ocultó información frente a la muerte de menores de edad en bombardeos ejecutados por el Ejército y por el regreso de las ejecuciones cometidas por agentes del Estado. Unas situaciones penosas e inadmisibles, que crean un manto de duda frente a las políticas de seguridad y protección de los derechos humanos del gobierno Duque.
Las marchas de protesta en Colombia son incontenibles, como lo han sido en Hong Kong, Paris, Barcelona y 116 ciudades de USA, y en países como Guatemala, El Salvador, Argentina, Uruguay, Perú, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Irán, Egipto, Haití, Israel y Chile. No hay que tenerle temor a estos movimientos sociales. A lo que hay que tenerle miedo es a que las autoridades no garanticen la protesta, no protejan a los marchantes y el gobierno no actúe pronto en la toma de decisiones para encontrarle solución a los problemas que originan el descontento ciudadano.
