A pesar de la consternación, sigue el desangre en Tibú. Al país ya no le basta con los lamentos ante el asesinato de jóvenes, de mujeres, de fiscales, de jueces, de policías. Al país ya no le sirve la indignación hipócrita de las condenas oficiales. Al país ya no lo engañan con la fórmula desgastada de las investigaciones especiales, que fue lo único que se le ocurrió a la Fiscalía ante el brutal asesinato de niños, y ante la imparable violencia, en este punto estratégico de la frontera.
Este gobierno carece de una política criminal integral. No tiene como responder si no con improvisación. Las autoridades no coordinan entre sí, andan sueltas, sin liderazgo presidencial, por eso su ineficacia e impotencia evidente ante los hechos. Las autoridades sin liderazgo civil son ruedas sueltas. La sola presencia de las armas y la fuerza pública es insuficiente.
La autoridad tiene que investigar, capturar y sancionar a los responsables de los crímenes de pero para lograrlo no basta actuar como una fuerza de ocupación que atropella y no escucha. Cada vez que hay un asesinato monstruoso que por fin llega a los oídos de Bogotá, el gobierno hace gestos, pero no actúa sobre la raíz de los conflictos. Esa actitud no permite los vínculos con la sociedad civil, indispensables para combatir el crimen.
La frontera es una caldera por estallar culpa del abandono de este gobierno que creyó que con denunciar a Maduro y hacer conciertos era suficiente respuesta ante la complejisima realidad social, política, de seguridad, de crimen organizado y de terrorismo que afecta a toda la región fronteriza. No hay Estado, en el sentido integral de instituciones eficaces y con legitimidad que resuelvan los verdaderos problemas de la gente.
Hay que reconstruir el Estado de Derecho y el bienestar colectivo en la frontera, desde abajo, de la mano de la sociedad civil. Hay que entender las lógicas de la economía de las rentas ilegales para desmontarla de raíz no simplemente tumbando apresando campesinos. La firmeza contra el crimen no la hacen las palabras severas y las órdenes presidenciales que nadie cumple. La mejor política contra el crimen es la política social, combinada con la reforma profunda de la justicia penal. El futuro de la paz y el progreso de Colombia empieza ahí, donde empieza el país, en la frontera misma. Sin frontera no hay Nación.
