La Sociedad Económica de Amigos del País, condecoró al Procurador Fernando Carrillo Flores con la orden Carlos Lleras Restrepo.
Sin duda, el funcionario está cumpliendo al frente del Ministerio Público una tarea denodada encaminada esencialmente a salvaguardar la institucionalidad que sufre un ataque incesante desde varios flancos.
En medio de una polarización social que no ceja, el procurador se ha caracterizado por actuar con mesura y ponderación, en defensa de los derroteros democráticos. Carrillo, actúa reflexivamente dentro de los límites del Estado de Derecho consagrado constitucionalmente, que el propio gobierno, mediante declaraciones altisonantes y acciones equívocas, y sobre todo el mentor del presidente Duque, pretenden a diario sustituir por un Estado de Opinión que apuntale sus pretensiones de copar cada vez una cuota más grande de poder.
No es nada fácil obrar con serenidad y equilibrio en un entorno político crispado donde a pesar de que el gobierno asegura que todo va bien, nada es lo que parece: ninguna medida ha resultado eficaz para detener los asesinatos de líderes sociales y desmovilizados de las Farc, están aumentando la pobreza y el desempleo, la economía naranja es un espejismo, la implementación del acuerdo de paz no se está cumpliendo a cabalidad y poco se espera de un medioambiente sacudido por las guerras comerciales y el decrecimiento económico mundial.
Como lo anunció en su discurso de posesión Carrillo ejerce sus funciones con la “Constitución en la mano, el corazón al lado de las víctimas y los pies puestos en los territorios.”
Su gestión se ha volcado hacia la gente para garantizar el cumplimiento en la realidad del catálogo de libertades y derechos que la Carta fundamental de 1991 reconoce en el papel, pero que los intereses proclives a la consolidación de un país ajeno a los cambios, profundamente inequitativo y desigual, lesionan a diario y buscan perpetuar.
Carrillo está dando la batalla en múltiples frentes críticos para: parar el genocidio de líderes sociales y desmovilizados de las FARC que gota a gota, está reproduciendo el que condujo al aniquilamiento de la Unión Patriótica. Garantizar el derecho a la salud de los colombianos y quitarle a los corruptos el manejo de la política como si fuera un gran negocio. Y está atento igualmente al gasto de grandes sumas de dinero en las regiones donde ha resurgido el paramilitarismo, actúan las disidencias de las FARC el ELN y el crimen organizado y donde todas estas actividades ilícitas están tratando de apoderarse de los escenarios de la democracia.
Según INDEPAZ entre “el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019 (2 años, 4 meses y 19 días), 837 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos y ex combatientes de Farc fueron asesinados en todo Colombia.”
«El principal factor de amenaza e inseguridad continúa siendo la existencia, organización y fortalecimiento de estructuras y conductas que se oponen a la implementación de los acuerdos de paz, recurriendo a la violencia armada y a la estigmatización».
A los líderes sociales los asesinan por ser agentes de cambio, por salvaguardar el territorio de actividades como la minería ilegal y los narcocultivos, por oponerse a los grupos armados que quieren seguir despojando a sus comunidades, por proteger la biodiversidad y los recursos naturales y defender la existencia de los pueblos ancestrales y los derechos humanos. En fin, son compatriotas humildes que alzan la voz y trabajan en su cotidianidad para abrirle camino a una democracia real que los enemigos de la paz están prestos a abatir con violencia brutal.
Carrillo entiende y, así lo ha expresado en múltiples escenarios, que históricamente la protesta social en Colombia ha sido reprimida, lo mismo el liderazgo. “Antes existía un enemigo interno, lo que le daba pie al gobierno para utilizar el Estado de sitio y así reprimir la protesta, porque los líderes le incomodaron al sistema”.
Y sin duda le siguen incomodando cuando se oponen a la economía extractivista plasmada en megaproyectos que han desplazado poblaciones enteras, o expresan su rechazo a las aspersiones aéreas de glifosato o a la introducción de la explotación petrolera a través del fracking.
Carrillo es también consciente y así lo manifestó en la SEAP que “el cumplimiento de los acuerdos de paz es la premisa fundamental para que no sigan asesinando líderes sociales y que el desencadenante de la violencia ha sido la ausencia del Estado en esos territorios que quedaron huérfanos de oferta social y donde la demanda social sobra.”
No es cuestión de más chalecos antibalas o celulares, aseguran los líderes sociales amenazados de muerte en coincidencia con lo que cree Carrillo: “sin garantías de reincorporación, ni de desarrollo de proyectos productivos difícilmente se crearán las condiciones de tranquilidad para que los líderes sociales y defensores de derechos humanos puedan afirmar sin miedo que están participando en la democracia sin desventajas.”
La Procuraduría General en manos de Carrillo ha sido obsesiva con las necesidades de la gente común. Ha actuado con decisión y coherencia en defensa de los derechos de los más débiles y vulnerables, en defensa de la JEP al oponerse a las objeciones de Iván Duque, al demostrar que las EPS no cumplen sus funciones como en el caso emblemático de Medimás; en la lucha contra la corrupción en las fuerzas militares y entre muchos otros en el desmonte de los 6 carteles ideados por los políticos de Córdoba para robarse los recursos dedicados a la salud o la comida de los niños más pobres.
