Como suele ocurrir en Colombia la tormenta desatada por la decisión de la Sala de Revisión de la JEP de no extraditar a Santrich y la renuncia en reacción iracunda pero quizá fríamente calculada del Fiscal Néstor Humberto Martínez, sepultó otro tema gravísimo que venía agitando la opinión pública: el chantaje de los Estados Unidos, mediante la cancelación de sus visas a magistrados de las altas cortes, políticos y parlamentarios, que no se han mostrado tan absolutamente obsecuentes con sus intereses como lo ha hecho el Jefe del Estado Iván Duque.
El expresidente Cesar Gaviria, denunció la presión indebida del gobierno norteamericano sobre las Cortes y la JEP y la atribuyó sin medias tintas a la complicidad entre el presidente Iván Duque y el gobierno de Donald Trump.
Sin embargo, la decisión de la JEP de aplicar a Jesús Santrich la garantía de no extradición pactada en el Acuerdo de Paz y ordenar su libertad inmediata provocó un terremoto que igualmente se hubiera producido si la decisión hubiera sido la de extraditarlo en la coyuntura de extremada polarización que vive el país
En lo que va corrido del episodio Santrich, plagado de sorpresas y de golpes de efecto dramático quedó claro que entre la DEA y la Fiscalía colombiana le tendieron una celada a la JEP al negarse a entregarle las pruebas que le permitieran establecer la fecha precisa de la ocurrencia de la conducta delictiva imputada al encartado, con base en la cual Estados Unidos había solicitado su extradición.
La JEP salió airosa, se apegó a la juridicidad y falló en la órbita de sus competencias legales y constitucionales con la mira puesta en la defensa del proceso de paz, dejando intacta y subrayando, a su vez, la competencia de la justicia ordinaria que ya se puso en marcha para investigar y sancionar- si resulta punible- la conducta del imputado.
La renuncia del fiscal Martínez Neira no constituye una catástrofe, más bien posibilita el retorno de la normalidad institucional en la esfera de la justicia. Ya que, aún, aplicando la más estricta y amplísima interpretación y extendiendo hasta el infinito los alcances de la presunción de inocencia que cobija al alto funcionario, ha venido poniéndose de bulto que el ex Fiscal General, por lo menos, omitió, ante la Corte Suprema de Justicia, que lo eligió sin conocerla, información grave y relevante sobre la corrupción de Odebrecht en Colombia y acerca de sus propios vínculos profesionales y del papel que desempeñó en el diseño del entramado contractual de las empresas que él mismo representó.
Un sector creciente de la ciudadanía, que se manifiesta frecuentemente en las calles, considera que Martínez Neira tenía desde el principio impedimentos insalvables y carecía de credenciales éticas para asumir la Fiscalía General de la Nación. Cursan en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema demandas que deberán decidir de fondo sobre estos espinosos asuntos.
Otro hecho relevante es que la polarización nacional no cede. Alimentada por el discurso incendiario y la necesidad del expresidente Álvaro Uribe de mantener un clima social tóxico que, como bien lo definió Humberto de la Calle, “pretende hacer invivible la vida en la República”, para que el Centro Democrático no pierda vigencia.
Uribe y su partido no sólo pretenden acabar con el proceso de paz y su espina dorsal que es la justicia transicional, derrumbando la estructura que aplica la justicia Especial para la paz, sino que además intentan crear las condiciones para demoler completamente la Jurisdicción Ordinaria ante la cual el exjefe de Estado afronta 186 investigaciones, entre ellas 28 de carácter penal.
El Centro Democrático se está especializando en promover crisis, alborotos e incertidumbres para agitar la supuesta urgencia de convocar una Asamblea Constituyente enderezada a reformar la Constitución de 1991, abatir sus avances democráticos, “introducir ajustes al Acuerdo de Paz suscrito con las FARC, revocar el Congreso y eliminar los impedimentos a la reelección presidencial. Nada más peligroso ni menos conveniente para los colombianos.
Ni a Trump ni a Duque les están saliendo bien las cosas en el escenario doméstico ni en la arena internacional. No han podido cumplir sus promesas de campaña y ambos tienen bajos índices de aprobación.
Duque no ha podido domar al Congreso, no pudo sacar avante las objeciones y carece de liderazgo propio.
Trump, para quien los países al sur del Rio grande, son en sus propias palabras “huecos de mierda” y sus habitantes que migran “violadores, criminales, narcotraficantes” o en el mejor de los casos “enfermos contagiosos” exige que se fumigue con aspersiones aéreas de glifosato a los campesinos colombianos, a quienes el gobierno Duque les ha incumplido los pactos de erradicación manual, mientras los tribunales de su país no cesan en reconocer indemnizaciones multimillonarias a los enfermos del cáncer generado por tal sustancia. Casi 14.000 acciones indemnizatorias se encuentran abiertas por esta misma causa en los tribunales estadounidenses. Otro tanto ocurre en Europa donde también la justicia está condenando a Bayer, la dueña actual del agroquímico maligno cuya utilización prohibió la Corte Constitucional, y cuyo uso quieren forzarla de manera ilegítima a autorizar nuevamente.
