El campo de la seguridad, tanto ciudadana como pública, son cada vez más relevantes en las sociedades contemporáneas, no porque se esté cada vez más militarizando la vida social –aunque también existen esas tendencias en algunos gobiernos de la región-, sino porque es cada vez más aceptado que sin una adecuada seguridad, la vida en comunidad se hace muy difícil y azarosa.
En cuanto a la seguridad ciudadana y la seguridad pública hubo dos modificaciones importantes en relación con indicadores ‘gruesos’; en el primer caso una caída importante de los homicidios, en parte como resultado de la pandemia y los encerramientos necesarios, pero esos buenos resultados hay que mantenerlos y seguirlos mejorando en lo cual es fundamental el rol que cumpla la Policía Nacional, tanto preventivo como de respuesta, pero igualmente las autoridades civiles regionales y por supuesto un trabajo articulado con la Fiscalía para investigar y sancionar a los hechos que se puedan presentar. Igualmente en seguridad ciudadana hay necesidad de priorizar la lucha contra otro tipo de delitos que afectan a los ciudadanos –especialmente el hurto en diversas modalidades y la violencia intrafamiliar, especialmente en estos períodos de encerramientos-. Ahora bien, esto requiere en muchos casos incrementar la disponibilidad de Policías; afortunadamente la llegada del nuevo Director General, con experiencia en este campo y en inteligencia puede ser una contribución importante. En el caso de la seguridad pública, un indicador ‘grueso’ que igualmente cayó de manera importante fue el de secuestros –en buena medida como resultado del Proceso de Paz con las extintas FARC-, pero acá igualmente las autoridades policiales y militares deben estar en alerta permanente, porque no se puede permitir que haya retrocesos en este campo, que sin duda alivian mucho la vida social en las regiones.
Hay un eje de prioridades que debe tener todo el énfasis en la política de seguridad ciudadana, la protección de lideresas y líderes sociales y excombatientes de FARC en proceso de reincorporación; no sólo porque proteger su vida debe ser totalmente prioritario, sino porque son dos grupos que han venido siendo violentados de manera especial. Al respecto, todo tipo de innovaciones en cuanto a estrategias de protección de estos compatriotas que cumplen un rol fundamental para la sociedad es prioritario. No se trata solamente de capturar y judicializar a los autores materiales de estos asesinatos, la prioridad debe ser impedir que les quiten la vida. Destacar cuerpos de seguridad especiales para las zonas más críticas, junto con labores de inteligencia debe ser una prioridad nacional. Igualmente son importantes las estrategias de protección de comunidades indígenas y campesinas y allí es básico coordinar con dichas comunidades, especialmente con la guardia indígena y otras formas de organización comunitaria. Este eje es sin duda la ‘prueba acida’ de la política de seguridad durante este año.
En la erradicación de los cultivos de uso ilícitos, hemos destacado que con las cifras del Ministerio de Defensa, que señala una erradicación de ciento treinta mil hectáreas el año anterior, de lo que se trata es de fortalecer y replicar esas estrategias, sin aventurarse a temas como el uso del glifosato, tan cuestionados y cuyo éxito está muy en entredicho. Por supuesto intensificando el combate contra los grupos de crimen organizado ligados a esta actividad.
Desde cuando se conoció la Política de Seguridad del actual gobierno, destacamos como importante que se hubiera incluido como parte de las prioridades la protección del agua y la biodiversidad, por cuanto hoy día esos son temas, junto con el control y la regulación de la deforestación, de prioridad nacional para países como el nuestro situados entre los más ricos en esos recursos naturales.
