En la columna anterior me dediqué a explicar el entorno económico en el cual se debe desempeñar la política económica del gobierno (si se quiere revisar https://bit.ly/3wuLvro ), en esta columna me dedicaré de manera general a las bases de la política económica que tiene que expandir el gasto público, y al mismo tiempo generar superávit fiscal para garantizar la sostenibilidad fiscal del gobierno nacional. Esta gran paradoja es la base de la estructuración de la política económica de los siguientes años, y a pesar de lo que voy a exponer en los siguientes párrafos es mucho más complejo y difícil de lo aquí expuesto.
Empecemos diciendo lo obvio, el déficit fiscal y por ende la variación del saldo de la deuda del gobierno nacional es igual a su diferencia entre ingresos y gastos, por ende, en el fondo requerimos por lo menos que sean iguales, preferiblemente los ingresos superiores a los gastos para que el gobierno sea sostenible.
Pero, en la situación actual, reducir el gasto es casi un imposible dado la necesidad de un gasto social inaplazable, solicitado por una población que ha explotado a consecuencia de la situación económica y la necesidad de impulsar la economía vía inversión. En el fondo no se puede hacer una austeridad en el sentido estricto de la palabra, es más bien una reasignación racional de recursos, y aquí es donde empieza el problema, porque para el 2020 alrededor del 62% del gasto es de funcionamiento (sin servicio de la deuda), donde el gasto en deuda representaba el 20%. Esto implica que más del 80% del gasto es inamovible en el corto plazo, lo máximo que puede apuntar el gobierno es a congelar estos rubros mientras reorganiza la administración pública para funcionar más eficientemente, algo que toma tiempo.
Por otra parte, que la solución de corto plazo no provenga de los gastos, no quiere decir que estos no se deban revisar con cuidado, por el contrario, es necesario revisar a detalle cada proceso administrativo y funciones de las diferentes instituciones del gobierno, para reducir tramites o procesos burocráticos redundantes o innecesarios en su interior, así mismo agilizar, digitalizar o incluso eliminar una serie de trámites y servicios frente a los ciudadanos. Todo con el objetivo de reducir el tamaño del gobierno y mejorar su eficiencia.
Pero esto toma tiempo, requiere un estudio serio de la administración pública, algo que ayudará a futuro y se debe hacer, pero no se verán sus efectos sino en un par de gobiernos en el futuro, tal y como se aprecia con la Ley 962 del 2005 “antitramites” (del gobierno santos).
Ahora bien, si la solución no está en el gasto, tiene que ser por el lado de los ingresos, en otras palabras, viene otra reforma tributaria, no importa si el gobierno quiere o no, no importa quien gane las próximas elecciones, están obligados a realizar una reforma tributaria o quebrar al Estado colombiano.
Entonces la pregunta realmente importante no es ¿hay o no reforma tributaria?, sino qué tipo de reforma vamos a tener que pagar y sobre quién va a recaer el grueso de los nuevos impuestos. Y es que el gobierno puede optar por una reforma tributaria ambiciosa que ponga en orden las cuentas públicas y dote de recursos para generar una inversión masiva que sirva de motor de la economía, con un gasto social focalizado en eliminar la pobreza, puede optar por una reforma tributaria que solo ponga en orden las cuentas fiscales o múltiples puntos intermedios.
Por el momento, la nueva reforma tributaria que impulsa el gobierno, se caracteriza por enfocarse casi que exclusivamente en impedir el deterioro de los indicadores fiscales y trazar una senda de mediano plazo que permita estabilizar el gobierno nacional, minimizando el impacto político y mediático de la misma sin ninguna ambición mayor.
Pero esta reforma no dota de recursos al gobierno nacional para atender los problemas reales, ni económicos, ni sociales, que la pandemia ha creado, solo estabiliza las cuentas fiscales. No quiere decir que no sea importante porque es algo que se requiere urgentemente, con esto, se evita un deterioro mayor de las cuentas fiscales que puedan dotar de mayor incertidumbre y riesgo a la economía, en un momento en el que está recuperándose.
En lo personal, la reforma tributaria que viene tiene que sustentarse en los 2 deciles más ricos de Colombia (el 20% más rico), pero esto no implica que sea exclusiva de este sector, aunque sí sustentar en ellos la mayor parte, esto se logra con un alza de impuesto a la renta de personas naturales progresivo y escalonado en rentas altas, una sobre tasa a las rentas no laborales, impuestos a las grandes herencias, y un impuesto al patrimonio progresivo.
Adicionalmente, se requiere dar un impulso a las finanzas municipales, esto quiere decir revisar los impuestos prediales y los sobrecargos por uso ineficiente de los predios y grandes propiedades, así como ajustar algunos impuestos tales como licores, tabacos y juegos de azar o rodamiento (también construir una sobretasa al impuesto de rodamiento de orden ambiental[1]) que hacen parte de los ingresos municipales.
Lo anterior es esencial, porque una parte considerable del gasto social recae en la autoridades municipales y departamentales, por ende, si el gobierno nacional realiza una expansión de inversión social sin que esté acompañada de mayores ingresos para los municipios, se está trasladando la presión fiscal del gobierno nacional a los gobiernos regionales, lo que sólo traslada el problema o hace que retorne al gobierno nacional vía transferencias.
Siendo mas racional, darle margen de maniobra financiera a los gobiernos regionales que sí conocen las necesidades particulares de su población, puede generar un uso mas eficiente de estos recursos si son propios.
[1] Es decir que existe un impuesto de rodamiento base, y se le cobra una sobre tasa al propietario entre mayor sea el grado de emisiones de gases de efecto invernadero que genere el vehículo.
