Y volvemos a entrar en la discusión del POT, una discusión que con cada alcaldía se repite, siempre igual, con demandas y por decreto. Siempre una acción muy tiránica, siempre es un POT decretado, siempre es un POT sin un verdadero acuerdo sobre el desarrollo de Bogotá, siempre igual.
En el fondo la discusión tal y como lo expresan la concejal Heidy Sánchez (de la extrema izquierda) o el candidato Miguel Uribe (de la extrema derecha) es un problema de legitimidad.
Es decir, ambos extremos están de acuerdo que el POT de Claudia es un atentado a la legitimidad política del concejo. Pero repito esto no es nuevo, es el mismo discurso, pero con diferentes autores y personajes. Lo Bogotanos que gozamos del don de la memoria política sabemos que con el POT de Petro, y el de Peñalosa fue igual.
Y el resto de colombianos sean paisas, vallunos o en general de cualquier ciudad que tenga que tramitar un POT, sabrán que lo normal es que las autoridades administrativas lo resuelvan por decreto tal y como lo hizo Claudia; no importa si es Bucaramanga o Pasto, no importa si son costeños o llaneros siempre el problema es el mismo y siempre se resuelve por decreto.
Es la maldición macondiana de estar condenados al eterno retorno, a tener que repetir una y otra vez lo mismo sin cambios, es la maldición mas colombiana, y es que en el fondo nada cambia la discusión, es la sensación de falta de progreso, la condena a repetir las tragedias con otros nombres y figuras, pero siendo la misma historia.
Algo que le aprendí a mi señora madre en mi tierna juventud cuando veíamos noticias y leíamos el periódico en físico, era que entre todas las diferentes versiones que cada periodista que crea como pintor arreglando la obra para sus clientes se oculta la verdad, lo que todos dicen en común es la única verdad así la pinten diferente.
Y aquí hay una gran verdad, y es que el tramite del POT es un acto de tiranía, un instrumento que solo genera inconformismo y alimenta la ilegitimad de un gobierno que brilla por su incapacidad de llegar a acuerdos políticos sobre el desarrollo de nuestras ciudades, y aunque parezca que hablo del presidente Duque realmente me refiero a la alcaldía de Claudia López, pero si somos sinceros me podría referir a cada alcalde, gobernador y presidente de Colombia.
Porque el problema del POT de Bogotá se replica en cada rincón de nuestra macondiana nación y se repite cada cuatro años tan sagradamente como las misas del domingo y lo vemos cada 4 años con el Plan Nacional de Desarrollo.
Pero esta regla solo se rompe cuando el partido de gobierno tiene la mayoría absoluta para aprobar sin discusión alguna el POT o el Plan Nacional de Desarrollo, o cuando el gobierno de turno sabe el don de la burocracia y sellar acuerdos burocráticos que den base política basando su mandato en el clientelismo y no en un acuerdo político donde el desarrollo armónico sea el camino.
Pero, por qué sucede tan macondiana y dantesca acción de definir el futuro vía decreto sin conciliación, sin acuerdo político, bueno porque la ley esta hecha para que el alcalde, el gobernador y el presidente puedan gobernar por decreto, porque la ley colombiana es tan tiránica que permite que los órganos legislativos sean meros notarios del funcionario electo en el poder administrativo y no verdaderas ágoras democráticas donde se construya el consenso nacional, la ley reduce al poder legislativo a un mero atril de discursos para conseguir tajadas burocráticas al despojarlos del poder de controlar y definir el gasto público; limitando su esencia de lograr acuerdos políticos que representen la realidad del pueblo colombiano.
El mal nace en el articulo 341 de la constitución ya que este le otorga al Gobierno Nacional la capacidad de expedir por decreto el plan de inversión del plan de desarrollo si en un plazo de 3 meses este no es aprobado por el congreso, lo mismo se aplica para los entes territoriales en lo referente a sus Planes de Desarrollo y a los POT.
Y esto fue lo que pasó en Bogotá, la alcaldesa aprobó el POT por decreto tras 90 días de su presentación al concejo de Bogotá, lo cual es legal y constitucional. Pero es una afrenta a la democracia porque si no se aprueba es por la incapacidad del órgano ejecutivo de llegar a un acuerdo, es por inconformismo de los representantes del pueblo frente a lo propuesto sea por razones económicas, políticas, morales o cualquier razón que consideran que sus electores están en desacuerdo con esta propuesta.
Este marco normativo perjudica la democracia y dificulta la construcción de consensos, permitiendo que el órgano administrativo actúe como un tirano y no tenga que someter el gasto público al órgano legislativo.
Lo racional en este marco normativo es presentar el proyecto y si no se quiere hacer ninguna modificación, basta con dilatar el debate 90 días hasta que la ley habilite para sacar un decreto que la mayoría no quiere, pero que es legal.
La raíz de todo es que la Constitución despojó del poder de decisión y presión política al órgano legislativo al permitir que se expida por decreto cuando lo correcto es que los planes de inversión, de desarrollo y de ordenamiento territorial se procediera bajo el sistema de contrapesos, y con el costo político para el poder ejecutivo si es incapaz de llegar a un acuerdo como sí sucede con el presupuesto anual tal y como lo establece el articulo 348 de la constitución.
Colombia requiere ser más democrática y eso pasa por darle más poder a los representantes de Colombia y no seguir con nuestra tradición de un mandato administrativo tiránico vía decreto que no representa el sentir político del pueblo, pues este se logra es con consensos y no con decretos.
