A pesar de los esfuerzos que se han hecho en materia legislativa para castigar el homicidio de mujeres en Colombia con la aprobación de la Ley 1761 que creó el tipo penal de Femicidio como delito autónomo, este sigue siendo una problemática que requiere mayor atención del Estado y de la Sociedad.
Con anterioridad, Ley 1257 de 2008 sobre violencia intrafamiliar estableció dos rutas para interponer una denuncia: las comisarías de familia y la Fiscalía. Allí no solo se pude poner en conocimiento el caso, sino solicitar también medidas de protección como el desalojo del agresor de la vivienda, impedir que se acerque a la víctima y cualquier otra medida que se considere necesaria para estar protegidas. Si necesitan trasladarse de barrio o de ciudad, hay otras medidas que las ayudan a salir de estos ciclos de violencia.
No podemos seguir permitiendo que nuestras mujeres sigan siendo víctimas de estos delitos: violencia intrafamiliar y feminicidio. Se necesita ir más allá de la caución o de las medidas de protección. Los casos deben ser atendidos eficazmente, no simplemente recibir la denuncia. Se debe hacer un seguimiento a los casos y verificar efectivamente el cumplimiento de las medidas adoptadas.
Se requiere capacitar a los funcionarios, principalmente, a los policías que atienden los casos para que sean más sensibles frente a la situación, que vean realmente la gravedad y que sean más diligentes no solo en la toma de decisiones para proteger a las denunciantes sino que le hagan un seguimiento y no dejarlas a la deriva a merced de quien las agrede.
Hacer un rastreo permanente a la víctima de la violencia intrafamiliar y a los agresores permitirá evitar que se repitan casos como el de Claudia Giovanna Rodríguez asesinada por su excompañero Julio Alberto Reyes el pasado 10 de abril en el Centro Comercial Santa Fé. Un seguimiento habría permitido, por ejemplo, determinar la situación real que estaba viviendo esta mujer como torturas físicas y psicológicas a las que fue sometida durante los últimos 20 meses.
“Desde el inicio de nuestra convivencia hubo amenazas constantes contra mi vida, la de mi familia y la de él con cuchillos (…), encierros en la residencia y en el carro durante periodos de hasta un día sin comer ni poder ir al baño (…); llegó al punto de encerrarme para que no pudiera ir a los controles de mi embarazo porque hasta el doctor terminó siendo objeto de celos”, escribió la optómetra de 42 años en una carta a la Fiscalía 75 de Medellín. Esto habría sido suficiente para que se le dictara al victimario una medida de aseguramiento provisional. Tampoco se le debió dejar en libertad tras su detención por doble homicidio.
Aunque se dictan medidas restrictivas previstas en la Ley estas terminan siendo parte del paisaje porque los agresores las pasan por encima. Tan solo en Bogotá las comisarías de familia y la Fiscalía han emitido 39.200 medidas de protección desde el 2015. La cifra preocupa tendiendo cuenta que el pie de fuerza en la capital es de 16.000 policías. En el 2016 se presentaron 27 mil denuncias. A la fecha hay abiertas 345 investigaciones por feminicidios y se han proferido 53 condenas.
Según Medicina Legal entre el 1 de enero y el 5 de abril de este año, han sido asesinadas en Colombia 204 mujeres de las cuales 24 han sido víctimas de sus compañeros sentimentales o exparejas. La entidad señaló que en 2016, 49.712 mujeres fueron víctimas de violencia intrafamiliar; las que están entre 20 y 29 años y en unión libre tienen un mayor riesgo. Entre 2014 y 2016, 272 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas y, 5.221 mujeres fueron evaluadas en riesgo extremo de feminicidio, es decir, que en cualquier momento podrían ser asesinadas.
Una encuesta de Profamilia de noviembre de 2016 reveló que el 74 por ciento de las colombianas han sufrido situaciones de violencia de género. Esto no solo hace referencia al maltrato sino a todo acto de violencia de género que tiene como resultado un daño físico, sexual o psicológico. Incluso, cuando hay amenazas, coacción o privación de la libertad, tanto en los espacios públicos como en los privados. Cerca del 26 por ciento de las mujeres afirman haber sido maltratadas verbalmente en algún momento de su vida.
Este tipo de violencia está relacionada a toda acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas por medio de intimidación, manipulación, amenaza, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica.
El 37 por ciento de las mujeres en Colombia han sufrido algún tipo de violencia física, que consiste en agredir el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que pueden ocasionar daños físicos y/o piscológicos.
Las cifras preocupan y a pesar de las leyes se siguen cometiendo tanto violencia intrafamilar como feminicidios, el llamado es a prestarle atención a las denuncias no minimizar estos casos y sobre todo, se hace necesario mejorar la respuesta y el seguimiento que deben hacer las autoridades al problema. Una alerta temprana que involucre a la Fiscalía General, el Instituto de Medicina Legal, la Policía, las comisarías de familia, el Ministerio de Justicia, el INPEC y las entidades de salud, podrá salvar muchas vidas.
Debe haber una respuesta adecuada en materia de atención en salud física y mental, así como medidas de seguridad que respondan a las necesidades de las víctimas y la reducción de la impunidad.
Si Claudia Giovanna Rodríguez puso en alerta a las autoridades frente a lo que podría venir ¿qué falló? no se le puso la atención necesaria. Es el momento de revisar los protocolos de atención y proteger eficientemente la vida de las mujeres que potencialmente puedan ser víctimas de violencia intrafamiliar y feminicidio.
La sociedad civil también debe poner de su parte. Por eso creo que es necesario que los centros comerciales deben reforzar sus medidas de control como la instalación de equipos de detección de armas blancas y de fuego.
