En el Distrito capital han sido entregadas a la Registraduría Nacional del Estado Civil 700.198 firmas que buscan solicitar la revocatoria al Alcalde de Bogotá, con el objeto verificar la legalidad de las mismas y los presupuestos previstos en la ley para su eventual aceptación.
Más allá de esa situación nos corresponde analizar un poco más en profundidad que hay detrás de esta solicitud: al parecer, los tres promotores que inscribieron estas fueron: un ex contratista del ex Alcalde Petro y/o cercanos, un sindicalista de la ETB y un ex aspirante al Senado por el Partido Político Polo que además se quemó en las elecciones. En el primer caso el personaje, al parecer, lideró el proceso de tutelatón que colapsó el sistema judicial más las consabidas marchas para impedir que Petro se fuera en su momento; justamente para impedir la revocatoria.
La historia de la revocatoria del actual Alcalde Peñalosa, al parecer, inició desde mucho antes de que se posesionara; fue justo desde cuando se conocieron los resultados de las elecciones, en octubre de 2015., a través de las redes sociales se empezó a promover su revocatoria. A esos personajes se les han sumado otros muy cercanos a concejales y representantes tanto de los progresistas como los del Polo y, al parecer, algunas de sus manos derechas, en su momento, recibieron contratos en julio de 2015 en la Caja de Vivienda Popular y en el Consejo Distrital de Arte, según lo reportó en su momento el periódico El Tiempo. Personajes con interés netamente políticos. Estamos frente a retaliaciones eminentemente políticas.
¿Era esto lo que se pretendía al consagrar en la Constitución estos mecanismos de participación ciudadana? Parece difícil, si quiera pensarlo, que los que perdieron, solo con el 30% de votación puedan llegar a sacar al victorioso, que fue elegido democráticamente.
En dónde quedaría entonces la ciudad y todos los que habitamos en ella, si constantemente estamos ante el vaivén de la inseguridad y la incertidumbre jurídica, en el desarrollo de las políticas en una ciudad del tamaño de Bogotá y con el nivel de complejidad que tiene.
Me embarga un inmenso dolor de ciudad, y quiero poner de presente que yo no voté por Peñalosa, no participé en su campaña; pero una vez reconocidos los resultados, en un juego limpio, a todos los que nos duele esta ciudad, desearíamos que le fuera bien al Alcalde que salió triunfante en la contienda, para que pueda sacar adelante los proyectos de gran envergadura que si requieren, empezando no más con el tan anhelado Metro, pues lo que logre hacer, beneficiará, sin duda, a todos los ciudadanos.
De manera que si bien considero que los mecanismos de participación ciudadana consagrados en la Constitución son muy importantes, a ellos se deben acudir con extrema responsabilidad buscando efectivamente el bien común y no intereses mezquinos, como al parecer, buscan los promotores de esta revocatoria.
Como si esto fuera poco hay que tener presente que esta no es la única solicitud de revocatoria que está en marcha en el país. De acuerdo con la Registraduría en este momento hay 101 solicitudes de revocatorias de mandato en diferentes regiones del país.
En el caso de Bogotá, el Comité Promotor entregó un primer paquete de firmas a la Registraduría, que ahora se encargará de verificarlas. La entidad deberá determinar si al menos 280.000 de esas firmas, o sea, 30 % de los 906.058 votos que obtuvo el alcalde Peñalosa cuando ganó las elecciones en octubre de 2015 son válidas y si se cumplen los requisitos previstos en la ley como la verificación del cumplimiento del plan de gobierno y las propuestas de campaña.
Además el Consejo Nacional Electoral, por su parte, decidió revisar los 101 procesos de solicitud de revocatoria que se adelantan en el país, para ver si se ajustan a lo que exige la Ley 1757 del 2015: incumplimiento del Plan de Gobierno.
Se trata de dos procesos distintos que definirán el futuro de los 101 municipios y el Distrito Capital. Los ciudadanos debemos estar atentos a estas solicitudes y a las decisiones que se adopten, en unos casos quizás haya lugar a la revocatoria y en otros no.
El CNE le solicitó al Registrador que entregara la información sobre los comités que han sido aceptados y acreditados y cuáles han sido sus motivaciones para empezar con los procesos de recolección de firmas. Con esa información el organismo hará una revisión a los procesos que se adelantan y que podrían no cumplir con los requisitos de ley, casos en los cuales la sala plena de la corporación podrá suspenderlos.
Creemos que, en muchos casos, la revocatoria no está siendo bien utilizada porque lo que busca esta figura es que el ciudadano castigue a los alcaldes y gobernadores que no han cumplido con su programa de gobierno. Este mecanismo no puede ser utilizado como un arma de retaliación política.
Hay que tener en cuenta que varios de los alcaldes y gobernadores que pretender ser revocados apenas llevan 15 meses de gobierno y, en algunos casos, según el argumento de la defensa de algunos mandatarios, estos procesos son promovidos por los políticos que perdieron en las elecciones.
Después de 21 años de implementada esta figura, ningún alcalde ha sido revocado de su cargo mediante este mecanismo y es la primera vez la primera vez que el CNE revisará las causales legales para verificar si habrá lugar a la revocatoria.
Actualmente, por mencionar algunos casos, hay procesos de revocatoria en ciudades capitales como Bogotá, Bucaramanga y Cartagena. Lo mismo ocurre en una decena de municipios del Caribe, como en el caso de El Carmen de Bolívar. En Cundinamarca los alcaldes de Facatativá, Pandi, La Calera, Tocancipá, Girardot, Madrid y Zipacón en donde varios grupos de ciudadanos han sido avalados por la Registraduría y han iniciado los procesos de recolección de firmas.
Finalmente, valga tener en cuenta en el caso de Bogotá la Registraduría estima que podría costar entre 45.000 a 90.000 millones de pesos y haciendo un cálculo, se estima que estos costos podrían ser muy altos si se multiplican por las 101 solicitudes de revocatoria que hay. Para el caso de Bogotá imagínense con esa plata se podía tapar casi toda la malla vial del Distrito, que está estimada según cálculos del IDU en más de 12 mil millones de pesos.
¿Se justifica la revocatoria?, claro que no.
