El 2017 no ha sido un año fácil para el gobierno presidido por Juan Manuel Santos ni lo será en términos económicos porque se prevén bajos niveles de crecimiento y, amenaza ser aún más turbulento en cuanto se refiere al aumento de la conflictividad social.
Irónicamente al mandatario qué está a punto de consolidar la paz, la más grande de las realizaciones gubernamentales de la historia nacional, le está reventando en la cara la eclosión de las indignaciones ciudadanías aplazadas por décadas.
El fin del conflicto permite que la inconformidad colectiva se vuelque a las calles y no puede causar sorpresa que así ocurra, aunque pasará tiempo antes de que aprendamos a manejar la confrontación en términos de concertación y diálogo.
Impulsados predominantemente por factores externos, apegados a la ortodoxia macroeconómica y con muy poco esfuerzo propio, desde 2002 mejoraron en gran medida los indicadores colombianos de bienestar que se expresan en ingreso por habitante, pobreza, desigualdad e informalidad.
Pero, ahora, arrastrados por la cotización descendente de nuestros productos de exportación, la caída de los precios del petróleo, las altas tasas de interés en los Estados Unidos y la incertidumbre del entorno internacional, sacudido hasta los cimientos por la irrupción en escena de Trump, nos estamos desplomando al igual que el resto de los países de América Latina, aunque en menor proporción que algunos de ellos.
Brasil no jalona como locomotora continental desde cuando entró en crisis de gobernabilidad precipitada por la corrupción y el estancamiento económico. Nadie sabe durante cuántos meses más podrá sostenerse el gobierno Temer, y lo que seguiría después constituye una incógnita todavía mayor, ya que la totalidad de la clase política aparece, hasta ahora, comprometida con un sistema de corrupción implantado a gran escala y con tentáculos extendidos a más de 20 países, que el electorado vociferante en las calles repudia.
Venezuela, nuestro otrora segundo socio comercial, parece estar avanzando irreversiblemente hacia el colapso.
México, otra de las economías grandes del Continente, aguarda temblorosa el embate anunciado por Trump. El Tratado de Libre Comercio vigente desde 1994 trajo progreso y desarrollo, pero también acentuó la dependencia de México en relación con los Estados Unidos. Hoy el 78% de su intercambio comercial se realiza con EE UU. A ello hay que agregar la amenaza ominosa del muro, y, la de expulsar miles de emigrantes de una comunidad intimidada y perseguida que inyecta más de 25.000 millones de dólares en remesas a la economía mexicana y hasta la posibilidad cada vez más cercana de que Manuel López Obrador, un populista extremo, obtenga los votos suficientes para alcanzar la Presidencia de la República.
En Colombia los paros aumentan en número e intensidad mientras la popularidad de un presidente que lo ha dado todo en aras de pactar el cese de la guerra se encoge dentro del país y se expande en la comunidad internacional que considera emblemático y digno de seguir el modelo de negociación política liderado por Santos.
No hay duda de que la movilización social además de ser legítima subraya urgencias inaplazables de una población aletargada por más de medio siglo de enfrentamientos. Nada más justo que los clamores airados de Buenaventura para que los derechos humanos básicos de sus 400 mil habitantes dejen de ser enunciados teóricos y se conviertan en realidades tangibles.
Sobran razones y argumentos también a los 350.000 maestros en paro que se están movilizando no solamente para garantizar sus propias expectativas salariales y prestacionales, sino ambientes educativos más aptos, mayores recursos para la educación pública en las escuelas y jornada única con enseñantes y recursos pedagógicos suficientes.
Y lo mismo puede afirmarse de los chocoanos que volvieron a manifestarse para presionar que se fijaran fechas de cumplimiento a los compromisos suscritos con el gobierno a raíz del paro anterior y para que las vías en construcción que unen a Quibdó con Pereira y Medellín, respectivamente, se ejecuten con el carácter de prioritarias.
Por culpa de la guerra fratricida en que anduvimos empeñados por medio siglo registramos atrasos en todos los frentes. Las condiciones fiscales del país son complicadas y los requerimientos resultan imposibles de atender en su totalidad. Pero la paz es la condición esencial para que el rediseño de la sociedad colombiana en términos de equidad, justicia distributiva y participación democrática puede echarse a andar, aunque la coyuntura de arranque del posconflicto no sea la más propicia. Somos responsables de cuidar el proceso y de evitar que las oscuras fuerzas del pasado que quieren volverlo trizas consigan su propósito nefando.
