El microtráfico en Bogotá se convirtió en un problema de grandes proporciones y en el mayor desafío a la seguridad en nuestra capital.
Según cifras de la Policía Metropolitana y el Ejército Nacional, son alrededor de 19 grandes bandas delincuenciales dedicadas al microtráfico las que operan en Bogotá. Estas organizaciones se dividen en zonas y generan redes que reparten y comercializan droga por toda la ciudad. También, están involucrados en otros delitos como extorsiones, ajustes de cuentas, robos y homicidios.
Existe una alta correlación entre el delito de microtráfico y los índices de crimen y violencia. Por ejemplo, entre Enero y Agosto de 2017 se registraron 20.981 casos de hurto a personas, que representan 1.643 más que en el mismo periodo del año pasado. Lo mismo ocurre con los homicidios que han aumentado en nueve localidades de Bogotá.
Lo más preocupante es que mientras las cifras de inseguridad van en aumento, las incautaciones han caído a un nivel histórico. En 2015 se confiscaron 5.8 toneladas de marihuana, en 2016 tres toneladas y en lo que va de 2017 un poco más de una tonelada. A pesar del interés, los esfuerzos y las estrategias puestas en marcha por la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, y la Policía Metropolitana, las cifras sugieren que algo se está haciendo mal.
Las autoridades deberían revisar si lo fundamental es seguir concentrando sus acciones en atacar a los “jíbaros” de los barrios y a los consumidores, quienes son el eslabón mas débil de la cadena o, por el contrario, tener todo el foco puesto en la desarticulación de estructuras criminales, incautando sus bienes, desmantelando los expendios y centros de acopio de drogas ilícitas y capturando a sus jefes. En efecto, apuntando a sus finanzas, donde realmente se golpea su capacidad delictiva.
La Fiscalía General de la Nación reconoce abiertamente que se está presentando un desgaste institucional ya que la mayoría de capturas se hacen a los consumidores, con cantidades incautadas que muchas veces no superan la dosis mínima, y que terminan inmersos en un proceso de judicialización engorroso para al final quedar libres. Esta es una estrategia costosa cuyo impacto no se percibe. Se trata de un enfoque de la política contra las drogas poco efectivo.
El Distrito debería utilizar las herramientas que están vigentes en el escenario nacional como la “justicia premial” establecida en el Código de Extinción de Dominio, la cual plantea que si un ciudadano denuncia actividades de microtráfico en un inmueble, y si su colaboración resulta efectiva, puede recibir hasta un 5% del valor comercial de ese bien enajenado, con un tope de $1.800 millones de pesos de recompensa.
Este incentivo, por ejemplo, genera cercanía y confianza entre los ciudadanos y las autoridades, lo que fomenta una mejor comunicación y puede ayudar a disminuir los hechos de microtráfico y el crimen asociado. Si las herramientas están disponibles ¿por qué no darlas a conocer a los bogotanos y aplicarlas con mayor rigor en el Distrito?
Por: Horacio José Serpa.
Presidente del Concejo de Bogotá.
