El Congreso de la República inició el debate de la ley de Primera Empresa. Esta iniciativa es una apuesta al emprendimiento como sector estratégico de la economía, que apunta hacia la innovación y la apertura a nuevos mercados.
Esto a pesar del contexto que impone el modelo económico vigente en Colombia, lleno de posiciones dominantes, donde priman sectores que bloquean la libre competencia, que cierran la puerta a la innovación y frustran las iniciativas empresariales de miles de colombianos que todos los días se atreven a emprender.
Cuando nace una idea de negocio, los nuevos empresarios chocan con barreras culturales propias de nuestra mentalidad latina, complicadas de superar porque son cortoplacistas, buscan resultados de la noche a la mañana y no premian el esfuerzo sino el triunfo. Cuando un emprendedor se enfrenta al fracaso propio de estas iniciativas, debe lidiar con un imaginario colectivo discriminatorio que lo castiga en lugar de reconocerlo como experiencia y una lección aprendida.
No obstante, en otras latitudes el fracaso, más que descalificar al individuo, es visto como una fortaleza, un indicador de que algo no estuvo bien, un mensaje de que lo que hicimos no funcionó y debemos modificar el método para alcanzar los objetivos propuestos. En resumen, el fracaso es visto como una ganancia personal para el emprendedor porque de él, saca lecciones aprendidas y valor agregado para el siguiente proyecto.
La iniciativa de ley que radicamos, define positivamente el fracaso y busca facilitarle a los emprendedores transitar por el “valle de la muerte”; es decir, atravesar ese periodo en el que de cada diez emprendimientos ocho fracasan, entre otras cosas, porque no acceden a créditos, o a condiciones mínimas para consolidar su proyecto emprendedor.
En concreto con la ley de primera empresa, esperamos tres resultados: En primer lugar, consolidar un cambio de mentalidad en el sector financiero, para facilitar el acceso a créditos y a la financiación de nuevos proyectos. Esto es, promover entre las entidades del sector bancario, el diseño de políticas y metodologías de evaluación de riesgo crediticio, dirigidas a incluir a empresas en etapas tempranas en sus portafolios de servicios.
En segundo lugar, buscamos abrirle la puerta a los emprendedores para que participen en la contratación pública en Colombia, aún monopolizada por posiciones dominantes.
Finalmente, esta ley busca minimizar los excesivos trámites a los que se enfrentan los emprendedores en el país; como el tiempo de largas filas y las entrevistas con funcionarios públicos que se requieren para obtener los permisos legales; por servicios de virtualización. En ultimas, queremos promover el e-gobierno, porque creemos que la transformación digital debe ser el reto del próximo mandatario del país.
