Me produce honda pena y desconcierto el sistemático asesinato de líderes sociales que está ocurriendo a lo largo y ancho de la geografía nacional, cubriendo de dolor y llanto a humildes familias, quienes quedan derrumbadas psicológicamente y en medio de un mar de impunidades, sin que nadie les explique la razón de tanta tragedia y menos, los nombres de los asesinos que, escudados en las sombras de la noche o en la claridad del día, en medio del bullicio de la gente, van segando, para siempre la vida generosa de los líderes asesinados.
Los líderes son mujeres y hombres trabajadores honestos, que han creído en la Constitución política de su país, que tiene múltiples formas de participación e inclusión social. Han entregado lo mejor de su quehacer diario y trabajo en la ardua tarea de explicarle a sus comunidades que, Colombia es un país democrático, guiado por sus leyes y donde todos los Derechos Humanos son reconocidos y que es deber sagrado de sus autoridades civiles y militares proteger; para este efecto, las autoridades han jurado solemnemente ante la Constitución, preservar y defender, aun a costa de su misma existencia.
Pero en el plano real, esto no es así. Bandas armadas con dineros del narcotráfico y de la mafia, pagadas por quienes han robado la tierra a los campesinos y hoy no quieren entregarla, o financiados por las empresas promotoras de la minería que van por el país envenenando ríos, ciénagas, nacederos de agua y paramos, quienes poco o nada creen en el discurso democrático y más bien, se pavonean con sus armas mortíferas y su dinero mal habido por pueblos y veredas haciendo cumplir su ley arbitraria y mafiosa, frente a un Estado ausente y cómplice en muchos casos, que se hace el de la vista gorda.
Las cifras estadísticas son escalofriantes. Veamos está clara reflexión que nos brinda la investigadora de la conflictividad social, Margarita Torres: “Desde 2016, firma del Acuerdo de Paz y febrero de 2018 han sido asesinados 282 lideres sociales y defensores de los Derechos Humanos, y solo en los últimos 10 días ya van 19 asesinados, entre afros, indígenas y campesinos. Los activistas están siendo blanco de guerra por defender sus territorios étnicos, oponerse a la expansión de la minería y la agroindustria, denunciar el problema de la tierra o reclamar sobre esta y por liderar procesos de sustitución de cultivos ilícitos. Ellos (los líderes) son las personas claves para construir la Paz y dar forma a la nueva Colombia. Que el defender la Paz no les cueste la vida”.
En este mismo sentido, preguntaron al presidente de la Comisión de la Verdad, Reverendo padre jesuita Francisco de Roux, acerca de los lideres asesinados y dijo: “En otros países y en otros lugares de la tierra, estas mujeres y estos hombres serian héroes nacionales. Aquí los matamos”. Esto enseña la profunda tragedia que esta padeciendo nuestra nación. Asesinar a los lideres sociales y de Derechos Humanos es cavar la propia tumba de nuestra sociedad. Las jóvenes generaciones que ocuparan en el futuro estos espacios que hoy vivimos, miraran sorprendidos e indignados cómo fue posible que, por trabajar y luchar por una mejor sociedad, más justa y democrática, se terminara siendo víctima de las bandas que impusieron la ley del crimen, las injusticias, el terror y el miedo a sus anchas, doblegando a las instituciones legalmente constituidas.
Los amplios sectores de la opinión nacional seriamente preocupados por estos asesinatos sistemáticos esperan que la Fiscalía General de la nación y las autoridades encargadas aclaren y digan quienes son las personas y las fuerzas que están estimulando esta matanza y que mas temprano que tarde, sean severamente juzgadas, como corresponde a quienes ejecutan tan execrables homicidios.
De no ser así, todas las mujeres y los hombres de buena voluntad debemos ponernos de pie y exigir a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Penal Internacional su urgente presencia y declaren un “Estado de crisis humanitaria en el país”, antes que sea demasiado tarde.
