Colombia está en un proceso de transformación institucional producto del Acuerdo de paz con las Farc. Se trata de cambios necesarios para garantizar la incorporación a la vida civil de los desmovilizados.
Como mencionamos en una columna anterior, en lo político se han venido dando los primeros pasos, pero hay un tema que ha generado mucha controversia y debates de fondo porque se introduce un nuevo organismo de juzgamiento, con lo que se toca una de las ramas del poder público que hoy está en el ojo del huracán pero que merece todo el respaldo: la judicial.
La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP se suma a los cinco altos tribunales existentes: Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura y el Consejo Nacional Electoral. Se trata de un organismo independiente que se encargará de la investigación y el juzgamiento de todas las personas que hayan participado en el contexto y en razón del conflicto armado.
No pretendo a través de esta columna hacer un análisis de la JEP sino de opinar acerca de una reciente propuesta del expresidente Uribe encaminada a acabar con las Altas Cortes y crear una supercorte que se encargue de administrar hasta la justicia transicional.
La propuesta del hoy senador prevé que “los magistrados que lleguen a esa Corte deben hacerlo a una edad madura, que sepan que alcanzaron la cúspide y no lleguen a buscar un trampolín en sus carreras. Se ha llegado a esa situación debido a la proliferación burocrática de instrucciones de justicia, la penetración e interferencia de la politiquería y que muchos administradores de justicia cayeron en cruces de gajes y favores del Ejecutivo y con otros órganos del Estado”.
Es una propuesta que desestabiliza el ordenamiento jurídico e institucional del país y desconoce la trayectoria judicial del país que está basado en el sistema Francés (código de Napoleón). También se quiere borrar de un tajo el logro alcanzado en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991 que creó la Corte Constitucional que hasta ese momento era una sala de la Corte Suprema de Justicia.
Esta Alta Corporaciòn de Justicia fue creada por el Capítulo IV de la Constitución del 91 e instalada por primera vez el 17 de febrero de 1992 con 7 miembros, quienes desempeñaron su función hasta el 28 de febrero de 1993. El primero de marzo de 1993 asumieron los nueve magistrados integrantes de la corporación de forma definitiva para un periodo de ocho años, como lo establece la Constitución en sus artículos permanentes.
Precisamente ha sido la Corte Constitucional, como guardiana de la la Carta Magna, la que ha hecho aportes significativos en la defensa de los derechos fundamentales de los colombianos, ya sea al revisar acciones de tutela u otros fallos en los que se ha sentado jurisprudencia. Es el caso de muchos fallos relacionados con la salud. Y como lo establecen sus funciones: revisar, en la forma que determine la ley, las decisiones judiciales relacionadas con la acción de tutela de los derechos constitucionales.
Un capítulo especial merece el Consejo de Estado cuya labor es esencial como quiera que se encarga de conocer y dirimir los procesos administrativos. En ese sentido, creo que se debe mantener al igual que las demás Cortes.
De manera que lo que se necesita es fortalecer el sistema judicial del país (que incluye a las Altas Cortes) y buscar un mecanismo para despolitizarlo, es decir, independizar la elección de los magistrados y que esta se base en el mérito. No hay que olvidar que en el Caso de los magistrados de la Corte Constitucional, estos son elegidos por el Congreso de la República. Igual sucede con los magistrados del Consejo Nacional Electoral.
Los ciudadanos lo que reclamamos es que haya una pronta y cumplida justicia como eje fundamental del equilibrio social y para lograrlo se requiere despolitizarlo y exigirles a las Cortes que se administren mejor de manera que sean más prontas y eficaces en la prestación del servicio.
