Guardo desde niño un profundo respeto y consideración por las comunidades indígenas. Pienso que esa actitud nació en mí, por vivir cerca a los indios Motilones o Barí, quienes ocupan los territorios cercanos al rio Catatumbo, en el departamento Norte de Santander. De la mano de mi padre conocí a sus primeros exponentes y trabé amistad con un indígena quien, por circunstancias especiales, llegó y se quedó en Ocaña, mi tierra natal y nunca supe la verdadera razón para que no hubiese regresado a su tribu. Lo llamábamos “Guaré” porque era la única palabra en español que pronunciaba y años después llegué a saber que en su dialecto significaba “amigo”. El tiempo pasó y nunca mas lo volví a ver. Amigos camioneros ocañeros que tenían la tarea de llevar la cebolla ocañera por todo el país y que era cultivada en Capitán Largo, Chapinero, La Aurora y otras veredas de la provincia Hacaritama, me comentaron: “Agotada su vida en Ocaña, quiso probar suerte por la costa atlántica y uno de esos amigos, lo llevó hasta Barranquilla donde se perdieron para siempre sus pasos”.
Por esa razón, ahora pienso y me preocupa la suerte que van a correr esos 20.000 colombianos indígenas quienes, cansados de soportar condiciones denigrantes de subsistencia, de vivir con sus familias e hijos en franca pobreza, luego de ser les despojados de sus tierras que eran, desde los tiempos prehistóricos, de sus mayores y que se las arrebataron con violencia y muerte cuando los invasores españoles pisaron estas tierras.
El presidente Duque debería tener un verdadero gesto de justicia con la Minga indígena y dar la razón a la existencia de una vieja deuda social desde antaño, donde el Estado Colombiano ha sido incapaz de reconocer y pagarla. Llegó el momento de indagar con seriedad y autentico sentido de nación, acerca de las verdaderas condiciones de vida en que sobreviven los indígenas en Colombia.
Es inaceptable y ofensivo para los ojos de un Estado democrático ver los miles de hectáreas de tierras, ociosas, en manos de los terratenientes, sin ninguna producción, mientras que las comunidades indígenas, afros y campesinas, no tienen tierra para trabajar, sostener a sus familias y ayudar al avance y consolidación de la seguridad alimentaria, tan urgentes en estos cruciales momentos, en la vida de las naciones.
No podemos olvidar que, en los Acuerdos de Paz firmados en La Habana, Cuba, hay un punto muy claro referido a la obligación del Estado colombiano de entregar dos millones de hectáreas para asegurar el trabajo, la prosperidad y la justicia social sobre nuestras comunidades indígenas y campesinas.
Llegó el momento Presidente Duque de asumir una franca actitud democrática que le reconocerá la historia. Vaya, Presidente al Cauca y dialogue con la Minga Indígena, reconozca la deuda social que por años ha mantenido esta sociedad, pida excusas por este antiguo abandono en que se ha mantenido a la comunidad indígena, decrete la emergencia económica y endéudese, si es necesario, pero lo que no puede hacer presidente, es ser inferior al desafío de la Colombia Democrática.
