Está de nuevo en la discusión pública y es bueno que así sea, el tema del voto para los militares y policiales. Es un tema de la mayor importancia y así debe ser tratado.
En una democracia liberal, como la nuestra, hay una serie de presupuestos en lo relacionado con las relaciones entre civiles y militares. Primero, la Fuerza Pública, que en Colombia incluye Fuerzas Armadas y Policía Nacional, tiene la misión de garantizar la defensa de la integridad del territorio, de la soberanía nacional, y la seguridad de las instituciones y de los habitantes del país. Segundo, están subordinadas a las autoridades civiles democráticamente electas. Tercero, deben ser apolíticas, es decir no tener militancias políticas partidistas de ningún tipo. Cuarto, deben ser profesionales. Quinto, los miembros de estas instituciones, militares y policiales, son ciudadanos y por lo tanto tienen, como todos los ciudadanos un conjunto de derechos y deberes, incluido el de elegir a sus gobernantes. Sin embargo, en algunos países –que debemos decir, hoy día son la gran minoría-, como el nuestro, esos derechos han sido limitados para militares y policiales en lo relacionado con la posibilidad de participar en la elección de sus gobernantes.
Es decir, el tema del voto de los militares y policiales no es una discusión acerca de si es o no un derecho, sino un asunto de conveniencia política. Y así se ha manejado en todo el período, desde los años 1930s del Siglo XX.
Sin duda que fue una acertada medida limitar este derecho, cuando se tomó la decisión, porque sustrajo a las Fuerzas Militares y la Policía de involucrarse en las disputas y confrontaciones violentas entre los Partidos Liberal y Conservador –a pesar de ello, no faltaron algunas unidades, más de la Policía que militares, que terminaron involucradas en la lucha fratricida de la época-. Pero si los militares y policiales hubieran estado involucrados plenamente en esa confrontación, seguramente hubiera sido peor la violenta guerra civil.
Posterior al período del Frente Nacional, que se inaugura con la conocida ‘Doctrina Lleras Camargo’ sobre relaciones civiles-militares señaló, “La política es el arte de la controversia, por excelencia. La milicia el de la disciplina. Cuando las Fuerzas Armadas entran a la política lo primero que se quebranta es su unidad, porque se abre la controversia en sus filas… Por eso las Fuerzas Armadas no deben deliberar, no deben ser deliberantes en política. Porque han sido creadas por toda la Nación, porque la Nación entera, sin excepciones de grupo, ni de partido, ni de color, ni de creencias religiosas, sino el pueblo como masa global, les ha dado las armas, les ha dado el poder físico con el encargo de defender sus intereses comunes…” y el inicio del conflicto armado interno, con la polarización política que ello conllevó, ha justificado la limitación de ese derecho a militares y policiales.
Por ello considero que el derecho al voto a militares y policiales les debe ser restablecido inmediatamente se concluya el conflicto interno armado, pero ello no ha ocurrido, desafortunadamente. Se llegó a un Acuerdo y se desmovilizó la insurgencia más numerosa, las FARC, pero era sólo una parte de los alzados en armas. Sigue pendiente resolver la situación con el ELN y con sectores remanentes del EPL y por lo tanto tenemos que decir que el conflicto interno armado continúa. Estamos en un período de pos acuerdo, en la medida en que se está implementando el Acuerdo logrado con las FARC, pero no se ha terminado el conflicto armado y por consiguiente esta medida no es recomendable, por el momento.
