Este año que está pronto a concluir, ha sido plenamente atípico. Y no hay duda que el principal factor fue la expansión de la pandemia de la Covid-19, a nivel global, aunque con peculiaridades en diversas regiones y dependiendo de las estrategias que asumieron los gobiernos –más o menos restricciones a la movilidad, cerramiento de aeropuertos por un período; en algunos casos apuesta por la denominada ‘inmunidad de rebaño’ que parece no haber funcionado muy bien-.
En nuestro caso, tuvimos desde mediados de marzo una política de encerramiento, primero más restrictiva y luego con cierto nivel de apertura, pero debemos decir que al final del año está lejos que podamos hablar de una ‘nueva normalidad’. Inicialmente hubo algunas tensiones entre gobernantes locales –especialmente de capitales- y el gobierno nacional en cuanto al manejo de la pandemia, pero en general, debemos decir que la gestión por parte del Ministro de Salud y el gobierno nacional fue relativamente positivo –obviamente con críticas de algunos sectores-; en lo que hubo alta tensión con gobernantes territoriales y con sectores sociales, fue en lo relacionado con las modalidades y formas de distribución de las ayudas a sectores vulnerables y los subsidios del Gobierno nacional y de los gobiernos locales y regionales a sectores económicos –la principal crítica es que la misma parecía orientada a sectores de las grandes empresas y poco a medianas y pequeñas-.
El comportamiento de los indicadores de seguridad tendieron a mejorar, especialmente en relación con indicadores ‘duros’ como el del homicidio, esto en buena medida relacionado con la situación de aislamiento social, sin embargo, lo que se disparo fue lo relacionado con el asesinato de líderes y lideresas sociales y excombatientes de las extintas FARC, lo cual puso en cuestión la eficacia de las estrategias de la Fuerza Pública para la protección de los mismos. Para el Gobierno esto se explicaba en lo fundamental por el narcotráfico, para sectores críticos del Gobierno la explicación era más compleja y a su juicio estaba asociado a la no implementación integral del Acuerdo del Teatro Colón, pero también a la persistencia de una cultura intolerante que sigue teniendo mucha presencia en regiones del país. En lo relacionado a los mecanismos de prevención y manejo de desastres se evidenció con el caso Providencia, que falta mucho camino por andar. Tuvo gran impacto negativo el manejo dado por la Policía Nacional a la protesta ciudadana y los procedimientos para el arresto de ciudadanos; esto conllevó fuertes cuestionamientos ciudadanos a la Policía Nacional y sus procedimientos; ojalá el reciente nombramiento del nuevo Director de la Policía marque un cambio de prácticas que mejoren la relación entre la Policía y la ciudadanía.
El funcionamiento del Congreso de la República estuvo inicialmente alto cuestionado por acudir exclusivamente a la virtualidad; sin embargo, en el segundo semestre se logró en el Senado un manejo combinado entre presencialidad y modalidad remota, que les permitió funcionar, aunque hubo insatisfacciones de sectores de oposición por las características del funcionamiento.
Uno de los aspectos que se le critican al Presidente es que en este año se perdió la paridad entre mujeres y hombres en su gabinete ministerial, que había sido una de sus cartas de mostrar; lamentablemente eso que se había reconocido como positivo, se perdió este año.
La obsesión por criticar el Acuerdo de Paz con las FARC, especialmente algunas instituciones, fue uno de los factores que impidió crear una propuesta de unidad nacional para enfrentar la pandemia, sin embargo, pese a las críticas de sectores de oposición, hubo un impulso a la implementación por parte de la Consejería de Estabilización.
