Me produce inmenso dolor escribir este articulo que pone de manifiesto la angustiosa tragedia que arrastran mas de 6.402 familias colombianas, trabajadoras, la mayoría de extracción campesina y suburbana, quienes vieron aterradas como el Ejército Nacional asesinaba a sus hijos en la mas denigrante actitud de indefensión y en medio de la mayor cobardía.
Jóvenes llenos de ilusiones y más contentos aun cuando los encargados del Ejercito los contactaban y les decían que era para trabajar en zonas campesinas, alejadas de los centros urbanos. Donde con una frialdad impresionante los asesinaban a mansalva, luego les quitaban su ropa y les ponían uniformes para hacerlos parecer como integrantes de guerrillas o grupos armados y colocaban en sus manos inocentes, armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas para que no quedara ninguna duda.
Luego, los asesinos eran premiados con incentivos económicos, ascensos en su carrera militar o viajes al interior o a fuera del país. Estos asesinatos realizados por el Ejército Nacional, con armas de dotación del Ejercito Nacional, utilizando toda su estructura armada, es quizás la más deshonrosa e ignominiosa ofensa a los fundadores del Ejército: Generales Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander, Padres de la Patria.
Esta decisión jurídica la acaba de suministrar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), después de varios años de investigación, en el periodo comprendido entre 2002 y 2008, cuando ocupaba la presidencia de la republica Álvaro Uribe Vélez, quien deberá, más temprano que tarde, responder por este horror, erradicado hace muchos años de la practicas de guerra y violencia en todos los países del mundo.
Por fortuna para las victimas y para el país, tenemos como Presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), a un colombiano de formación y proceder intachable, un jurista con los más altos reconocimientos de ética y cumplimiento sagrado de la Constitución Colombiana. Me refiero al Doctor Eduardo Cifuentes Muñoz. Abogado de la Universidad de Los Andes y Doctor en Derecho de la Universidad Complutense de Madrid (España), Magistrado de la Corte Constitucional, Experto en asuntos Constitucionales. Defensor del Pueblo y luego Director de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO. En Paris. Decano y Profesor de Derecho Constitucional, de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes.
Frente la complejidad de estos graves hechos ha dicho: “La JEP no existe como un instrumente de venganza, sino de Justicia. Para hacer justicia nos debemos basar en la verdad, la cual obtenemos a partir de lo que se puede probar dentro del proceso”.
El alma de nuestra nacionalidad llora inconsolablemente estos viles y desgarradores asesinatos de personas humildes que en forma sistemática se sucedieron a lo largo y ancho de todo el territorio nacional. Hasta mi dulce terruño amado, Ocaña, llevaron a estos inocentes para asesinarlos con toda la sevicia, frialdad y a mansalva. No logro saber cuál podrá ser el camino para que estos militares y políticos que autorizaron y realizaron estas políticas de sangre, violencia y muerte, puedan seguir viviendo en paz con sus atribuladas conciencias y puedan acariciar tranquilos a sus hijos todas las mañanas.
La JEP ha dicho: El único camino posible es contar la verdad y toda la verdad. En esta forma la sociedad hará una profunda contrición de corazón para que este desastre social no vuelva a ocurrir nunca jamás. Los sagrados evangelios nos ayudaran a alumbrar la noche oscura en que transitamos: “SOLO LA VERDAD NOS HARÁ LIBRES” y permitirá los esperados procesos, arrepentimiento, perdón, no repetición y restauración de las víctimas.
