Este es un año de cambio político en nuestro país –elecciones en marzo, mayo y junio e inicio de nuevo Gobierno en agosto-, pero también en otros países de la región –Brasil-, así como lo fue el año anterior –Ecuador, Perú, Honduras, Argentina, Chile-; es decir, el cambio político es una realidad permanente en las diferentes sociedades y en democracias liberales esto se hace a través de procesos electorales. Lo interesante, por novedoso, es que a diferencia del siglo pasado, nadie está preocupado por las eventuales interferencias de las Fuerzas Militares y Policiales –sin olvidar lo que algunos llamaron ‘golpes blandos’ en Honduras en 2009 o Bolivia en 2019-.
La época de los ‘golpes militares’ quedaron atrás, en la historia de la región –el principio de subordinación militar y policial a los gobernantes civiles democráticamente electos ha ganado fuerza- y hoy día pocos están preocupado de si triunfa un gobernante populista o de izquierda o de derecha, que actitud se espera de militares y policiales, porque lo que ha evidenciado la realidad de la región es un avance importante en profesionalización y respeto a los marcos constitucionales de las Fuerzas Militares y de Policía en los diferentes países de la región. Lo cual hay que reconocerlo y destacarlo. Sin embargo, como lo señala Wolf Grabendorff en la Introducción a un libro colectivo publicado el año anterior “debido a las experiencias históricas en muchos países de la región, las elites civiles, por un lado, temen el regreso de la influencia militar directa en el proceso político pero, por otro, se ven cada vez más necesitadas de recurrir al apoyo de los militares en situaciones de crisis con el fin de asegurar la gobernabilidad o bien para restablecerla.”
Por ello se está debatiendo, en democracia, la necesidad de adelantar procesos de reformas policiales en varios países –especialmente de los cuerpos especializados en controlar la protesta social-, sin que ello implique desbarajustes institucionales o preocupaciones más allá de las normales que genera todo proceso de reforma o cambio en cualquier institución.
Pero no hay duda que los nuevos gobiernos en la región tienen por delante tareas importantes en el campo del denominado Sector Seguridad, donde la necesidad de reformas está al orden día, tanto en lo relacionado con las tareas y misiones de militares y policiales, así como los aspectos normativos y regulatorios –Colombia, por ejemplo, uno de los países con mayor recurrencia de violencia en la región, no tiene una ley marco de seguridad y defensa; el último intento fue declarado inexequible por la Corte Constitucional a comienzos del presente siglo-, el papel de la inteligencia militar y policial y las responsabilidades en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, esto debe ser debatido y acordado en los escenarios propios de la democracia, en un debate argumentado y tranquilo, lo más desideologizado posible y por supuesto con participación de las propias fuerzas. Afortunadamente los conflictos inter-estatales han sido algo excepcional en la región, por lo tanto ese campo de amenazas a la defensa nacional no es relevante.
No hay duda, que hoy día las democracias de América Latina, han logrado dejar atrás ese pesado fardo de las amenazas de intervenciones militares y policiales en política –las decisiones políticas las deben tomar los ciudadanos electoralmente de forma periódica- y ello igualmente debe llevar a que cada vez más las Fuerzas Militares y Policiales deben contar con el apoyo de los ciudadanos, pero por supuesto acompañado de un escrutinio permanente a su actuar para que el mismo se ciña a la Constitución y la ley en cada país.
