THE RULE OF LAW” -el imperio de la ley o estado de derecho-, es el concepto norteamericano según el cual todas las personas, instituciones y entidades tienen responsabilidad ante las leyes que son promulgadas, para ser aplicadas por igual y en harmonía con los principios internacionales de los derechos humanos. Esta fue la respuesta de la subsecretaria de asuntos internacionales Kristen Madison en una entrevista con la emisora la W ante la pregunta sobre el uso del glifosato en nuestro país como herramienta de lucha contra los cultivos ilícitos.
Para la citada funcionaria lo anterior significa que nuestro país debe usar todas las herramientas legales existentes, como la ineficaz y costosa aspersión aérea. Un estudio de Pascual Restrepo (MIT) y Sandra Rozo (UCLA) demuestra que, por cada hectárea asperjada con glifosato, los cultivos ilícitos se reducen en cerca de 0,035 hectáreas, es decir que para eliminar una hectárea cultivada con coca es necesario fumigar casi 30 hectáreas. Además, el costo de eliminar una hectárea es de USD$ 72.000, cuando el valor en el mercado de la hoja de coca sembrada en una hectárea es de sólo USD$ 400.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) revisó la literatura científica y determinó que el glifosato, un herbicida de uso general, es “probablemente cancerígeno para los seres humanos”. Así mismo, un estudio de Miguel García (UNIANDES) concluye que en zonas donde históricamente se han llevado a cabo las campañas de aspersión de cultivos ilícitos, los pobladores reportan tener menos confianza y entrar en conflicto con las instituciones del Estado. Esto quiere decir que al gobierno no le interesa la salud de las comunidades que viven en estos territorios y, mucho menos, hacer presencia o mejorar su relación, invisibilizándolas en una situación de abandono criminal.
También en la mencionada entrevista, la señora Madison afirmó que a pesar de que en su país existen Estados donde se permite el uso adulto de la marihuana, este está prohibido a nivel federal. Sin embargo, se le olvidó aclarar que avanza un proyecto de ley para su despenalización, que ya fue aprobado por la cámara y continúa su curso en el senado.
En síntesis, respuestas que reflejan una insultante y revictimizante hipocresía. No es posible que nuestro país siga sufriendo por esta fracasada guerra racista y que representa un gran negocio para pocos, no solo narcotraficantes sino integrantes del “complejo militaro industrial, prohibicionista, carcelario y policial”. Mientras otros países avanzan hacia la reglamentación de sustancias, acá nos quieren condenar a una lucha donde nosotros nos quedamos con los muertos y la corrupción. Señor presidente, los derechos de la ciudadanía priman sobre los económicos de la minoría que se lucra con esta desgracia. Nos quedamos con el pecado y sin el género.
