La mayoría de los analistas coinciden en señalar que la ausencia de Estado en amplias zonas del territorio nacional es lo que explica en buena medida tanto la reiterada presencia de actores armados ilegales en espacios regionales, como de actividades económicas ilegales tales como los cultivos de uso ilícito o la minería ilegal, para mencionar dos de las más conocidas.
Al respecto debemos decir que en el largo plazo el Estado colombiano nunca ha logrado tener un control pleno del territorio –tampoco del monopolio de la coerción física, o de la justicia y la tributación, considerados éstos los monopolios a los que aspira el Estado moderno-. Pero igualmente se anotó que la terminación del conflicto armado con las FARC –ojala que también pronto con el ELN-, era una oportunidad para lograr avanzar en esa dirección; lo cual implica, una presencia permanente de la Fuerza Pública en los mismos, con unas políticas de copamiento y afianzamiento de su presencia para garantizarle seguridad a los ciudadanos y sus actividades, pero también presencia del Estado en su faceta civil, que se expresa en escuelas, puestos de salud, inspectores de policía, jueces, junto con políticas estimuladoras del desarrollo local y regional; el conjunto de lo anterior es lo que podríamos denominar construcción de Estado en los territorios.
Pero hay gran muchos interrogantes al respecto que llevan a formularse la pregunta si efectivamente el Estado, en su faceta militar y civil, tenían preparadas estrategias y políticas para lograr este objetivo. Se escucha que los espacios abandonados por los frentes guerrilleros de las FARC empiezan a ser copados por otros actores ilegales –bandas criminales o neo paramilitares u otros grupos insurgentes y que además los disputan entre ellos-, si esto es verdad, podría significar que la Fuerza Pública no ha hecho bien su tarea. Históricamente en Colombia no hemos tenido lo que se denomina una cuarta fuerza –Gendarmería, Guardia Civil, Guardia Rural, etc- especializadas en el control del territorio y que esa tarea la han asumido, parcialmente, Policía Nacional, Ejército e Infantería de Marina. Pero también es verdad que deberían estar preparados, desde varios meses atrás, para una responsabilidad que ya se sabía vendría y que no se trataba de un diseño de presencia transitoria o trashumante de la Fuerza Pública, sino de echar las bases de una construcción de Estado en el territorio, en lo cual ganar la confianza de la población es fundamental.
Igual sucede con la protección de la población en esos territorios; los asesinatos de gran número de líderes sociales es un indicador de la mayor gravedad acerca de la eficacia de los diseños de protección de la población, especialmente de líderes sociales y defensores de derechos humanos y también habla mal de los niveles de cooperación con los ciudadanos para prevenir los mismos.
También sucede con los cultivos de uso ilícito y la explotación de rentas ilegales en los territorios; esto no se podrá controlar y erradicar realmente sino se construye Estado en los territorios y esto no se logra con discursos cargados de ideología propia de la ‘guerra fría’, pero nada eficaces, de imaginar amenazas a la seguridad nacional donde no las hay, para mimetizar las dificultades en mantener la seguridad para todos.
Pero todavía estamos a tiempo de tomar correctivos adecuados y ojalá se haga.
