Los colombianos no resistimos más. La corrupción llegó a unos niveles aterradores. Los sonados sobornos multimillonarios de la transnacional Odebrecht corrompieron la estructura contractual del Estado colombiano y ahora, a base de crimen y maldad, pretenden silenciar las pocas voces que se han atrevido a denunciar. El caso es realmente repugnante. La historia trágica y dramática de un hombre llamado Jorge Enrique Pizano, que obligado por las circunstancias se presenta ante una periodista, María Jimena Duzán, interesado en conversar con ella, para decirle que en los últimos 8 años se desempeñó como auditor de la Ruta del Sol II, en representación del Grupo Aval y que cree que la periodista debe saber la verdad de Odebrecht, tanto en el contrato de Tunjuelo-Canoas como en la Ruta del Sol II.
“Mira y discúlpame de antemano; con esto que te puedo contar me juego la vida, sobre todo con temas de la Ruta del Sol y lo de su socio minoritario…cuando te escribo esto me tiembla el pulso…”, y remató concretando su primera cita: “Nadie puede saber que estamos en contacto” fue su advertencia final.
Este funcionario fue gerente de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), vivió horas difíciles antes de su muerte. No tuvo ninguna confianza en la Fiscalía colombiana y, por eso, no recurrió a ella. En su desespero y desprotección decidió recurrir, como ultima tabla de salvación, a la periodista y contarle toda la verdad que ha permanecido oscura en este deleznable proceso que involucra a Odebrecht, Fiscalía, Corficolombiana y el Grupo Aval, entre otros.
Lo más preocupante es que este padre de familia se volvió “incómodo para el Grupo Aval y para el Fiscal… Esto coincide con mi abrupta salida de mi puesto de “controller” (auditor) a finales de 2017 y con las investigaciones que me está montando la Fiscalía”, remató Pizano.
A pocos días de estas palabras, Jorge Enrique Pizano, acorralado por sus enemigos incrustados en el proceso de Odebrecht, sin ser escuchado por la justicia, desempleado, sin cargo remunerado y viviendo en el campo, hace un fulminante ataque al corazón el 9 de noviembre de este año y fallece inmediatamente. Su hijo Alejandro, quien vive en Barcelona y muy cerca a su padre, acompañándolo en las dificultades, viene a Bogotá a sus honras fúnebres y en circunstancias muy confusas y trágicas bebe de una botella de agua que esta en el escritorio de él, envenenada con cianuro y muere ipso facto.
La racha trágica de “accidentes oscuros” alrededor de este episodio no para allí. La fiscal encargada del caso, doctora Amparo Cerón, no ha podido regresar a su puesto de trabajo porque, según las informaciones de prensa, se está levantando de un grave accidente de transito que tuvo en un viaje reciente a Chile y donde quedo en cuidados intensivos, durante varios días, por sufrir trauma craneoencefálico severo.
La sociedad colombiana está preocupada por el estado de corrupción que ha invadido las esferas del Estado. La contratación estatal ha hecho crisis en todas sus vertientes. Los puentes mal construidos se caen, significando grandes pérdidas para la nación. La alimentación infantil que debe ser sagrada, está en manos de firmas corruptas y venales que trafican con la nutrición de los niños de mas bajos recursos. Los dineros de la salud para la población han sido saqueados y esquilmados. Pero lo peor de todo esto, es que los responsables se pasean orondos por las instalaciones estatales, sin que haya una institución de justicia que sea capaz de poner a estos corruptos tras la picota pública.
Muchas organizaciones sociales, mujeres y hombres de diversa condición han expresado su preocupación por este deterioro ético en la sociedad y piden que el Fiscal General renuncie, permita una sana y clara investigación que demuestre donde están los corruptos, aplique recta y pronta justicia y envíe una señal sancionatoria ejemplar.
De no ser así, la corrupción terminara diluyendo nuestro Estado Social de Derecho que tantos esfuerzos y sangre nos ha constado construir.
